Testimonio de Gabriela Carrillo, agente de tránsito de Movidelnor en Ibarra.
‘En los dos años y medio que llevo como agente de tránsito, nunca había sentido tanto miedo. Pero cuando un hombre comenzó a romper, con una llave de ruedas, los vidrios de la wincha en la que me encontraba, pensé lo peor. Temí por mi vida. También por la integridad de mis dos compañeros, que se encontraban conmigo en el vehículo.
Minutos antes, unos ocho carros se cruzaron delante de nosotros. Nos cerraron el paso en la vía Panamericana. Querían que les devolviésemos un auto particular que retuvimos en González Suárez, en Otavalo (Imbabura), por transportar pasajeros sin estar autorizado. Lo llevábamos a los patios de Movidelnor (Empresa Pública de Movilidad del Norte), en Ibarra. Eran cerca de las 21:00 del 3 de junio. Recuerdo que era jueves.
Antes del incidente parecía que el procedimiento no tendría complicaciones. Cargamos el auto en la plataforma de nuestro camión. El dueño del carro estaba molesto y hablaba por teléfono. Cuando circulábamos por la Panamericana nos dimos cuenta que varios autos particulares nos seguían. También nos gritaban que nos detuviéramos.
En ese momento, el agente que conducía la wincha decidió cambiar de rumbo de norte a sur. La persecución duró ocho minutos, y luego nos bloquearon. Llamamos al ECU-911 solicitando apoyo de la Policía Nacional, pero los agentes no llegaron. Todo pasó muy rápido.
Después de que nos detuvieron comenzó la agresión. Los pedazos de los cristales volaban en la cabina de la wincha. Por momentos cerraba los ojos y me cubría la cara con el brazo izquierdo. Pero no dejé de grabar con mi celular esas escenas. Pensé que serviría como prueba de la agresión que sufrimos.
Abrieron la puerta del conductor y le bajaron a mi compañero. El mismo hombre que rompió los cristales lo golpeaba con la llave de ruedas en las piernas y brazos. No podíamos hacer nada.
Un grupo de personas comenzó a forcejear la otra puerta. Algunos tenían piedras en las manos. Mi otro compañero descendió voluntariamente para evitar ser agredido. Pero lo subieron en una camioneta y lo golpearon con los puños.
A mí también me atacaron con la llave de ruedas. Sufrí un corte en el brazo izquierdo. Ahora tengo una cicatriz. Como llevaba el uniforme, una gorra y la cara estaba cubierta por un pañuelo creo que pensaron que yo era un hombre.
Los agresores intentaron bajar el automóvil de la grúa. Pero no lo lograron. Se trabó el mecanismo. Por ello, nos obligaron a trasladar la wincha hasta la comunidad Chuchuquí Alto, en Otavalo.
Ahí había una multitud de personas, hombres y mujeres, con palos y látigos. Gritaban que nos iban a aplicar la justicia indígena por haber invadido la comunidad. Otros decían que éramos ladrones. Yo estaba nerviosa. Me sentía indignada porque no había hecho nada indebido.
Uno de mis compañeros huyó y pudo informar del incidente. Al otro agente y a mí nos encerraron en la casa comunitaria de Chuchuquí Bajo, otra comunidad. Era un local frío, sin vidrios en las ventanas. El baño estaba sucio y no había agua.
Durante las primeras horas del secuestro llegaron dos agentes vestidos de civil. Querían ver cómo nos encontrábamos. Intentaban confundirse con los curiosos que llegaron hasta el lugar, pero fueron descubiertos y encerrados.
Luego llegó Javier Velasco, jefe del Distrito Sur de Movidelnor, y Steve Amores, coordinador de la Agencia Otavalo. Ellos también fueron secuestrados. Esa noche no nos dieron de comer nada. Los seis compañeros amanecimos sentados en unas sillas que había en el lugar. Prácticamente no pudimos dormir.
Al siguiente día fui liberada. Decían que por ser una mujer me permitían retornar a casa. Luego del examen médico legal me dieron tres días de descanso por incapacidad física, a causa de la herida en el brazo. A mis compañeros los soltaron cinco días después, el 7 de junio último.
Cuando retorné al trabajo, los municipios de Ibarra, Otavalo y Cotacachi, anunciaron su intención de abandonar la Mancomunidad de Tránsito del Norte, a la cual pertenece Movidelnor. Ese fue uno de los pedidos de los dirigentes de Chuchuquí Alto y Bajo.
Para mí, al igual que para mis compañeros, es una mala noticia. Somos 490 agentes, en los 15 cantones de las provincias de Imbabura, Carchi, Esmeraldas y Pichincha, que pertenecen a Movidelnor.
No se imagina lo que es laborar con la incertidumbre de que seguiremos o no prestando nuestros servicios.
Yo tengo 26 años. Dos años y medio he dedicado a esta profesión, pero, aún no tengo nombramiento definitivo. Pertenezco a la cuarta promoción de agentes. De ellos, a 46 no se les renovó el contrato el 2020. Además, estoy preocupada porque soy cabeza de familia. Tengo una hija de 8 años, que me espera en casa”.
Su trayectoria
La agente Gabriela Carrillo tiene 26 años. Desempeñó funciones administrativas en la oficina de Movidelnor, en Otavalo, durante un año y medio. Ahora pertenece al grupo operativo del Distrito Sur de Movidelnor, que tiene a cargo el control del transporte ilegal.