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En 21 provincias se detectaron zonas donde existe minería informal

En el sector de Buenos Aires, en Imbabura, se han realizado operativos conjuntos con los integrantes de la Policía, Gobernación y las Fuerzas Armadas. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Desde diciembre pasado, la minería ilegal volvió al debate público, tras el desplome de viviendas patrimoniales en Zaruma. La ciudad orense prácti­camente se hunde, porque hay túneles debajo que fueron ex­cavados para extraer material minero informalmente.

Ese problema se identificó en al menos 21 de 24 provincias. El dato no es nuevo, lo estableció el Plan Nacional de Minería 2020-2030, de julio de 2020. Frente a esta realidad, el ministro de Energía, Juan Carlos Bermeo, dijo que se combate de forma articulada entre las instituciones. “Estamos haciendo una tarea conjunta, trabajando a diario de forma constante”.

La Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (Arcernnr) trabaja en Zaruma para reducir esta actividad. Entre 2017 y noviembre de 2021 se han realizado 1 081 inspecciones de seguimiento y control a los derechos mineros en el distrito Zaruma-Portovelo.

A escala nacional, en 2021 se efectuaron 345 operativos, siendo Zamora Chinchipe y El Oro las provincias con más controles. Según Fernando Benalcázar, exviceministro de Minas, las actividades que efectúan las autoridades de Gobierno son positivas para combatir la minería ilegal en Zaruma. “Nunca ha habido una decisión política tan firme”.

A más de conocer y verificar el problema; delegar y hacer seguimiento hasta que esté resuelta la situación; es importante la asignación de recursos para combatir el problema, dijo Benalcázar. “Esa falta ha sido un obstáculo para combatir la minería ilegal”.

La fusión de las agencias de Regulación y de Control de Hidrocarburos, Minas y Electricidad, en 2020, ha sido una de las situaciones que ha dificultado los controles, pues ha restado presupuesto y capacidad operativa.

Bermeo no reconoció que la agencia esté debilitada por este motivo, pero dijo que se analiza cuál debería ser la estructura administrativa orgánica que permita, dentro de sus capacidades y competencias, ejercer el control que requiere la minería, electricidad e hidrocarburos. “Hemos hecho algunos escenarios y uno de ellos es dividirla y dotarla de toda la infraestructura, personal, equipo y tecnología para poder hacerlo. Está prácticamente concluido”.

Aparte de Zaruma, otra zona conflictiva es Buenos Aires, en Imbabura. En el lugar se han realizado operativos conjuntos con la Policía, Gobernación y militares. El control ha permitido que la empresa australiana Hanrine, concesionaria del proyecto, ejecute las obras de exploración para determinar el potencial minero.

En agosto pasado, Hanrine entró a la comunidad para retomar las operaciones en la concesión Imba 1, luego de que un juez de Quito aceptara una acción de protección a favor de la compañía.

A inicios de este mes, las autoridades identificaron un nuevo sitio de minería ilegal en el cantón Centinela del Cóndor, en Zamora Chinchipe. Las Fuerzas Armadas y técnicos de la agencia y del Ministerio de Ambiente colocaron los sellos de prohibición de actividades para la maquinaria que no contaba con los permisos para realizar extracciones del subsuelo.

Hay otros puntos conflictivos, como Río Blanco (Azuay) y Carlos Panantza (Morona Santiago). En agosto pasado, se expidió el Decreto Ejecutivo 151 con el Plan de Acción del Sector Minero. El objetivo es desarrollar una minería eficiente, responsable, que implemente las mejores prácticas ambientales y sociales, que garantice la seguridad jurídica, respete los títulos, contratos y derechos.