Paúl Carrasco, prefecto de Azuay. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO
El Gobierno Provincial de Azuay adoptó medidas emergentes para enfrentar la crisis económica que vive el país y que afecta a este organismo seccional. Desde mayo de 2016, el personal contratado y de libre remoción tendrá un reducción del 10% en sus sueldos y se suspenderán algunos proyectos.
El prefecto, Paúl Carrasco, adoptó estas medidas para reducir el gasto de la institución, afectada por las asignaciones del Estado que están pendientes. De acuerdo con la información de este gobierno seccional supera los USD 17 millones. Con esta decisión, la institución bajará el gasto en USD 4,7 millones al año.
Carrasco precisó que no está de acuerdo con la propuesta del Gobierno de aumentar los impuestos para la reconstrucción de las provincias de la Costa, afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril. Sin embargo, señaló que respeta la decisión y sugirió que el presidente, Rafael Correa, llame a la unidad nacional.
Como presidente de Organización de Regiones Unidas, Carrasco también ofreció su apoyo para la gestión internacional de recursos económicos para el país. “Si el presidente Correa cree que puedo apoyar –más allá que no estemos de acuerdo en otros temas- lo haremos”.
En el 2016, el Gobierno Provincial de Azuay mantendrá solo los proyectos estratégicos de ciudadanía, sociales y de vialidad como la producción y entrega de leche, bailoterapia y el banco de alimentos. También, el arreglo de los caminos considerados emergentes.
El resto de programas queda suspendido hasta nueva disposición, aunque eso no significa –por ahora- el recorte de personal, sino la reubicación, explicó Carrasco. En esta institución laboran 520 empleados y trabajadores. La mitad es contratado o de libre remoción.
Según Carrasco, se aplicó la medida con ellos porque la ley lo permite. Pero también se suspendió sueldos de asesores, egresos por consultorías, capacitaciones, viajes, entre otras medidas. En promedio un Director departamental gana USD 2 500, un subdirector 1 800 y un trabajador 700, según datos de la institución.
Para los trabajadores de planta se mantendrá los techos salariales del 2014, como lo establece la resolución del Ministerio de Trabajo. “Nuestro prioridad es generar trabajo y desarrollo económico. Pero también es necesario tomar medidas para ayudar a resolver la crisis nacional”.