Pobladores de Canoa interpusieron una acción de protección contra el Municipio de San Vicente

Los moradores asistieron la semana anterior a la segunda audiencia sobre la acción de protección contra el Municipio por la falta de agua. Foto cortesía de Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos

Los moradores asistieron la semana anterior a la segunda audiencia sobre la acción de protección contra el Municipio por la falta de agua. Foto cortesía de Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos

Los moradores asistieron la semana anterior a la segunda audiencia sobre la acción de protección contra el Municipio por la falta de agua. Foto cortesía de Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos

El próximo viernes, 24 de julio del 2020, se reanudará la audiencia sobre la acción de protección que interpusieron los moradores de Canoa, una parroquia ubicada en el cantón San Vicente (Manabí) contra el Municipio y la empresa municipal mancomunada EMMAP-EP.

Ellos alegan que no cuentan con agua potable en sus viviendas y que deben comprar tanqueros y almacenar el líquido en tachos o cisternas.

Desde marzo pasado, cuando se inició el confinamiento por el covid-19, la situación empeoró para más de 100 familias porque no tenían recursos económicos para comprar agua. La mayoría de pobladores se dedica a las actividades turísticas que están paralizadas desde hace casi cinco meses.

Para los pobladores es indignante que además de no tener agua por las tuberías, se les cobre un recibo mensual, que en algunos casos llega a a los USD 30.

Eso los motivó a interponer el recurso de acción de protección hace un mes. Hasta el momento ya se han realizado dos audiencias. La última fue el 15 de julio de 2020, en el Complejo Judicial Sucre, ubicado en la ciudad de Bahía de Caráquez.

Según la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos en esa diligencia, la jueza del Tribunal de Garantías Penales, María Kuffó, ordenó que se practiquen nuevas pruebas, para obtener más elementos que le permitan establecer una violación al derecho al agua y otros.

También se conformó una comisión de la Defensoría del Pueblo, que realizó una visita a Canoa entre el 17 y 19 de julio del 2020 para constatar la dotación de agua potable. Además asignó a una perito médica para que examine a los moradores y se constate si el agua que han utilizado les ha ocasionado problemas de salud.

La EMMAP-EP deberá presentar un informe sobre la frecuencia, periodicidad y volumen de la dotación de agua. También sobre los medidores y el tipo de químicos que utilizan para desinfectar el líquido.

El Municipio deberá entregar un informe sobre los proyectos de agua potable que se han realizado en la zona.

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