Un hombre acude tres veces por semana, para someterse a diálisis, en Guayaquil. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO
Dos duras situaciones han impactado en este año a Claudia Rugel: la muerte de algunos compañeros de hemodiálisis y la falta de fármacos, para enfrentar descompensaciones de la terapia. Todo por atrasos en los pagos al centro a donde acude.
“La señora Anchundia y don López no vinieron más. No sé si fue el covid pero murieron. En esos meses me deprimí. Además, padecemos porque no hay medicina contra problemas de fósforo, potasio, anemia o hipertensión”, cuenta la mujer, de 35 años.
Los últimos tres años ha asistido a sesiones de hemodiálisis de cuatro horas diarias, tres veces por semana. Al finalizar, cuando aún le quedan fuerzas, se suma a los plantones para pedir al Ministerio de Salud el pago a 86 centros privados, a cargo del tratamiento en el país.
Ayer 10 de diciembre, pese al temor al contagio, un grupo de pacientes reclamó en Guayaquil por la deuda de 12 meses. “Son más de USD 200 millones impagos”, resume Cristina Freire, representante de prestadores que atienden a 12 500 pacientes con insuficiencia renal.
La deuda acumulada bajó en esta semana de 14 a 12 meses. En algunos casos les pidieron las últimas facturas del 2019. El monto total aún no está cubierto. El rubro por persona supera los USD 1 500 al mes.
“Somos esclavos de las máquinas -dice David Silva-, sin tres hemodiálisis podemos ir a la tumba. Ahora vivimos estresados por la incertidumbre de la deuda”. “¡Si no pagan nos matan!”, reclamó Julio García.
La protesta se repitió en Los Ríos. Pese a la lluvia, un grupo de pacientes bloqueó un tramo de la vía que conduce a Babahoyo. “¡Queremos vivir!”, era el grito.
Al mismo tiempo, otro grupo continuaba en terapia. “No hemos dejado de trabajar. Mientras tengamos recursos seguiremos atendiendo”, dijo el administrador de un centro de esta ciudad. Algunos prestadores aseguran que cuentan con un 50% de insumos.
Para Dora García, presidenta de la Asociación Caminando hacia la luz, la pandemia y los pagos pendientes los han golpeado emocionalmente. “Sentimos angustia y miedo al ver sillones vacíos”.
El colapso del sistema sanitario en el pico de contagios fue uno de los episodios más difíciles. García recuerda que no recibían atención hospitalaria frente a infecciones en sus catéteres o fístulas o por complicaciones debido a la diabetes y la hipertensión.
Según los centros, 1 200 usuarios fallecieron al inicio de la emergencia, aproximadamente. Quienes resistieron no han dudado en apoyar procesos legales. La Corte Constitucional falló a su favor el 30 de septiembre.
La Corte dispuso que los ministerios de Economía y Salud establezcan “un plan programático para el cumplimiento de los pagos pendientes a los prestadores de servicios de diálisis”. El plazo era de 15 días.
“No responden -anota García, presidenta de la asociación de pacientes-. Antes del 2008, si no se tenía cómo pagar el tratamiento, se moría. ¿Volveremos a eso?”.
Este Diario solicitó información al Ministerio de Salud sobre el cronograma de pago, el 5 de diciembre. Ayer (10 de diciembre) se indicó que el tema es competencia de Finanzas, que respondió que ayer pagaron USD 4,3 millones a varios centros.
El dictamen constitucional además da un plazo de seis meses a Salud para diseñar una propuesta de prevención, atención y acceso a trasplantes. Este último es un tema que la pandemia aplazó.
En el 2019, el Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos registró 226 trasplantes renales. Este año apenas se realizaron 56 y hay 171 personas en espera.
Hace dos años Mauricio Zúñiga accedió a esta cirugía en Quito. Es un cambio de vida postergado para compañeros que siguen en hemodiálisis. “Tienen la ilusión, pero hay que actualizar los exámenes cada seis meses”.
Claudia no pierde la fe. Hace siete años, un cuadro de preeclampsia fue el detonante de su fallo renal. Antes de la pandemia había completado todo para la lista de espera. “Empezaré de cero, por mis hijos”.
