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La Merced de Buenos Aires ahora se opone a la minería legal e ilegal

En la parroquia Buenos Aires hay cinco concesiones a favor de una empresa minera. Foto: Washington Benalcázar / EL COMERCIO

En la parroquia Buenos Aires hay cinco concesiones a favor de una empresa minera. Foto: Washington Benalcázar / EL COMERCIO

En la parroquia Buenos Aires hay cinco concesiones a favor de una empresa minera. Foto: Washington Benalcázar / EL COMERCIO

Como si fuera una alarma comunitaria, con fuertes silbidos los vecinos de La Merced de Buenos Aires, en el cantón Urcuquí, alertan cada vez que un extraño ingresa al pueblo.

A todos los relacionan con la minería. Las vías de la cabecera parroquial casi siempre están vacías. Pero, cuando se escuchan los silbidos, hombres y mujeres salen a las calles.

“Aquí no queremos minería legal ni ilegal”. Con gritos amenazantes los bonaerenses advierten a los extraños que no son bienvenidos.

Esta prevención de los habitantes de Buenos Aires está relacionada con el caos que provocaron los buscadores de oro, quienes con la minería ilegal explotaron las vetas entre diciembre del 2017 y junio del 2019. Eso comenta uno de los 1 893 habitantes, que no quiere que se publique su nombre.

También asegura que no quieren vivir nuevamente amenazados por gente que se adueñaba de las minas y del pueblo. Y, aunque 6 000 personas, vinculadas con la minería ilegal, fueron desalojadas por la fuerza pública el 1 de julio del año anterior, la calma no ha retornado a la parroquia.

La semana anterior, un periodista que buscaba información fue agredido, según la Policía asentada en la parroquia.

Además, el 25 de agosto último, un grupo de personas incendió un campamento de la empresa minera Hanrine Exploration & Mining, que tiene concesiones en Buenos Aires.

Destruyeron las instalaciones y maquinarias. El caso está en indagación en la Fiscalía.

Los agentes policiales intentaron impedir el ataque al campamento de la minera, ubicado en la comunidad de Santa Lucía. Pero fue imposible controlar al tumulto.

Mauricio Almeida, coordinado zonal norte del Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables (MAAE), asegura que impiden incluso el ingreso de los técnicos de la concesionaria, a pesar de que tienen autorización para la exploración inicial.

En el sector La Cadena empieza la vía hacia las minas. Hay control policial permanente. Foto: Washington Benalcázar / EL COMERCIO

Con ello se incumplió un acuerdo suscrito el 22 de septiembre pasado, entre el MAAE, el Municipio de Urcuquí, la Junta Parroquial y los dirigentes de Buenos Aires.

El convenio era para que se permitiera el paso de los técnicos para la difusión de la política pública minera entre los habitantes de esa localidad.

“Queríamos explicar a la gente que en la fase de exploración inicial, que dura cuatro años, no se realizan perforaciones”, señala Almeida.

Días después, el poblado envió un comunicado indicando que no permitirán el ingreso de personas ajenas a la parroquia. Y que no aceptarán que se realicen actividades de minería legal ni ilegal.

Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional permanecen en la parroquia desde hace un año y cuatro meses. Ellos controlan las vías de acceso. También realizan patrullajes por las montañas, en donde funcionaban los asentamientos improvisados, como la Ciudad de Plástico, y las minas Vieja, El Olivo y Nueva.

Según Gustavo Acosta, comandante de la Cuarta División del Ejército, a cargo de la seguridad de las provincias fronterizas con Colombia, ya no hay personas escarbando en las minas de Buenos Aires.

Pero continúan los intentos de sacar el material aurífero que dejaron escondido los mineros en las montañas. Desde julio del 2019 hasta la fecha, 1 200 sacos, con rocas, han sido aprehendidos, asegura Acosta.

Cuando es posible movilizar el material, los militares lo entregan a la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables. En caso contrario se lo destruye en el sitio, con la presencia de las autoridades judiciales, entre otras.

Una de las últimas capturas se realizó en octubre. Una patrulla militar encontró 50 sacos, con rocas mineralizadas, cerca de la mina Vieja. También había ocho mulas listas para transportar el material.

Las autoridades consideran que los delincuentes ingresan a las minas de Buenos Aires desde Íntag y Lita, ubicados en la parte posterior, aprovechando la vegetación selvática, para intentar burlar los controles.

Para Santiago Chamorro, analista minero, la situación de la localidad es compleja. Asegura que cuando los mineros informales saben dónde hay oro es difícil evitar que el metal quede bajo tierra.

Además, desde hace dos años el precio del oro, al igual que la demanda mundial, está al alza. Eso quiere decir que mientras haya mercados habrá gente interesada en explotar y vender este producto.

Chamorro explica que se determinó que las vetas de la parroquia Buenos Aires tienen sobre los 19 gramos de oro por tonelada, lo cual se considera altamente rentable.

Los habitantes de esa zona y de la vecina parroquia de Cahuasquí, en Imbabura, junto a comuneros de Carchi y Esmeraldas formaron el Frente de Resistencia por el Agua y la Vida del norte de Ecuador. Esta organización, que tenía prevista una reunión ayer, 5 de diciembre del 2020, se declara contraria a todo tipo de minería en la región.

Según la presidenta de la Junta Parroquial de La Merced de Buenos Aires, Alexandra Benavides, la resistencia de la población también tiene relación con las ofertas que hizo el Gobierno tras el desalojo minero. “Nos ofrecieron programas de desarrollo y créditos. Pero no se cumplieron”.

En contexto

La recuperación del bosque y de los ríos de Buenos Aires, que fueron talados y contaminados con la práctica de la minería ilegal, es una tarea pendiente. La parroquia quiere potenciar la agricultura y la ganadería, las principales actividades productivas del poblado.

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