Los habitantes de Aguarico usan mascarillas para evitar el contagio con el coronavirus. Foto: Cortesía del Municipio de Aguarico
La parroquia Cononaco se encuentra en semáforo rojo desde el 21 de mayo del 2020, frente al resto del cantón Aguarico, que está en verde.
En Cononaco, un pequeño territorio de la provincia de Orellana, hay 55 casos confirmados de covid-19 y el miércoles 17 de junio falleció uno de los cinco enfermos graves, informó el alcalde de Aguarico, Juan Orellana, presidente del Comité de Operaciones de Emergencia cantonal.
Según el Alcalde, la situación en Cononaco es grave, por lo que han pedido al Gobierno que dé atención prioritaria y oportuna para los habitantes, pero no lo han logrado.
En Cononaco viven más de 220 personas de la nacionalidad Waorani, de los cuales el 60% está contagiado con el virus, aunque la mayoría es asintomática, lo cual es más peligroso, porque es más fácil la propagación del covid-19. Ahí, el contagio es comunitario.
Orellana y los dirigentes de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE) confirmaron la muerte de Timpo Alejandro Omehuay, quien estuvo grave durante casi un mes, por el contagio con el coronavirus. Su deceso se produjo en Lago Agrio, donde estaba internado. Adicionalmente, hay cuatro personas más en recuperación y bajo control.
El Burgomaestre indica que el gobierno no ha establecido los protocolos para dar atención a los pueblos indígenas y que el COE cantonal ha hecho lo que ha estado a su alcance, con los escasos recursos con los que cuenta.
Las sospechas de un posible contagio en Cononaco se conocieron dos días después de que Aguarico pasara a semáforo verde (19 de mayo). “Recibimos la noticia el 21 de mayo y en ese momento decidimos que Cononaco permaneciera en semáforo rojo, para que la gente no saliera de sus comunidades”.
Las otras cinco parroquias están en verde y no tienen un solo caso de personas enfermas con el covid-19. Esa misma situación ocurre en la parte urbana de Aguarico, que está libre del virus, debido a que geográficamente se encuentra muy lejos de otros centros poblados.
Cononaco se encuentra a un día de viaje de la parte urbana de Aguarico, pero está más cerca de El Coca, ciudad que tiene personas enfermas con el coronavirus y del cantón Francisco de Orellana, que permanece en semáforo rojo.
Por esa cercanía, los waoranis viajan por carretera a El Coca y otras localidades, donde está presente el virus.
El alcalde Orellana cuenta que el contagio en Cononaco se dio a través de una mujer waorani, que salió de su comunidad Dicaro a visitar a un pariente en la parroquia Alejandro Labaka, de Francisco de Orellana, donde contrajo el covid-19.
Ella no presentó síntomas de la enfermedad, por lo que contagió al resto de la población de Cononaco.
Ante esta situación, el burgomaestre solicita que el Ministerio de Salud actúe y que la Gobernación y el Gobierno reaccionen. “Han dejado que el GAD parroquial y el Municipio se encarguen de la situación”, y no asignan recursos ni insumos para el área de Salud de este cantón. Se ha suprimido la partida del médico de Cononaco, pero se envió al médico de otra comunidad, dice Orellana.
Pide al ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, que visite Aguarico, porque el personal sanitario solo cuenta con batas (no hay trajes de bioseguridad) y no tienen insumos.
Durante esta emergencia sanitaria, el Municipio ha destinado USD 1 millón, para atender varias actividades en el cantón. Ese ayuntamiento tiene un presupuesto de menos de USD 8 millones para este 2020.
Por ejemplo, se pusieron controles de ingreso y salida a la ciudad de Aguarico en los muelles del río Napo. Se hacen fumigaciones y desinfecciones de las gabarras y canoas. Hay cinco puntos de control.
Con esos recursos también se financió la compra de mascarillas, alcohol, jabón, equipos de bioseguridad, alimentación para militares, bomberos, policía y el personal que trabaja en los controles; túneles de desinfección, entre otras acciones que se han emprendido.
Medidas cautelares para la Nacionalidad Waorani y los pueblos en aislamiento voluntario
La jueza Delicia de los Ángeles Garcés Abad, de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, en Quito, concedió este 17 de junio del 2020 medidas cautelares parciales para la Nacionalidad Waorani y los pueblos en aislamiento voluntario (Tagaeri y Taromenane), con el fin de que el Gobierno los proteja, para contener el virus.
Ella aceptó la demanda interpuesta por la Nacionalidad Waorani, debido al contagio con el covid-19 de los indígenas en Pastaza, Napo y Orellana; los casos de contagiados sobrepasan las 500 personas.
La demanda fue contra Juan Carlos Zevallos, ministro de Salud Pública; el presidente Lenín Moreno; Otto Sonnenholzner, titular del Comité de Operaciones de Emergencias nacional y vicepresidente de la República; y otros funcionarios del Ejecutivo.
Según Gilberto Nenquimo, presidente de la Nacionalidad, no ha habido una respuesta inmediata y atención prioritaria del Ministerio de Salud frente al “peligro de contagio grave e inminente” en ese territorio.
Según Nenquimo, “el pueblo Waorani y nuestros hermanos y hermanas Tagaeri y Taromenane se enfrentan a graves riesgos por la expansión del virus en la Amazonía, y lastimosamente, la respuesta del gobierno no se ha basado en una buena coordinación con nuestra dirigencia”.
La jueza dispuso algunas acciones. Por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública debe realizar una búsqueda de las personas con sintomatología relacionada con el covid-19 y diagnosticar la presencia del virus en las comunidades Toñanpare, Meñepare, Obepare, Nemompare, Bataboro, Gareno, Conipare, Miwaguno, Yawerpare, Guiyero y Dicaro.
Además, identificar las necesidades de salud y subsistencia básica de las comunidades visitadas; así como dotar a los centros y subcentros de Salud “de personal médico, equipos médicos e insumos suficientes para atender la emergencia sanitaria”. Cada una de estas acciones debe cumplirse en ocho días.
Otra medida es que el Ministerio de Salud, en coordinación con líderes de las comunidades Waorani, tiene la obligación de concienciar sobre derechos y obligaciones en salud y vulnerabilidad frente a la pandemia en ese territorio.
En ocho días, los gobernadores de las provincias del Napo, Pastaza y Orellana, en coordinación con el Ministerio de Inclusión Económica y Social y los dirigentes waorani, deben abastecer de provisiones alimenticias suficientes.
En ese mismo plazo, la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua presentarán “las acciones de vigilancia y control realizadas al personal que labora en las empresas, en especial las petroleras nacionales y extranjeras, que se movilizan” en ese territorio. Y deben informar si se cumplen los protocolos de salud necesarios para evitar los contagios en esta población.
