En la farmacia del Centro de Salud de Chimbacalle, Sandra Tinta entrega la pastilla. Foto: Armando Prado / EL COMERCIO
Fernanda (nombre protegido) tiene 17 años. Hace dos meses se convirtió en madre y pese a que la experiencia le ha llenado de alegría, por ahora no quiere más hijos. El jueves pasado (24 de enero) fue al Centro de Salud de La Magdalena, sur de Quito, por el implante anticonceptivo que dura tres años.
Admite que desconocía sobre métodos de planificación familiar y que a ese mismo sitio fue en el 2017, con su pareja, para pedir la píldora del día después. Luego, por falta de planificación, se embarazó. Por eso decidió tomar medidas.
Al igual que Fernanda, unos 20 pacientes llegan cada día a los centros de salud tipo C, como el de Chimbacalle, también en el sur, para solicitar anticonceptivos. Quienes más los demandan son chicos desde los 14 años. Vienen con amigos, solos o acompañados de su pareja y piden la píldora del día después en enfermería, farmacia o en el centro obstétrico.
Infografía. Stock del anticonceptivo de emergencia. Fuente: Ministerio de Salud
Así lo explica Solange Zurita, responsable de promoción de la salud del Distrito que cubre las parroquias desde Chilibulo hasta Lloa. En ese territorio hay 28 centros de tipo A, B y C (categorías en función del número de habitantes).
Al mes, unas 120 cajas de pastillas de la Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE) se envían a los centros tipo B y C, que tienen una cobertura mayor a los 10 000 habitantes. En los establecimientos tipo A esa cantidad es trimestral.
Para acceder a este recurso no se necesita sacar cita ni una valoración médica. Los usuarios pueden pedirlo libremente, pero antes de entregarlo se les orienta sobre su uso; se aclara que solo debe ser visto como un recurso de emergencia y no constituye un método de planificación regular, pues tiene efectos secundarios.
Así lo detalla Julio Pereira, ginecólogo del Centro de Chimbacalle. En el 2018 se entregaron 801 píldoras de emergencia; en el 2017 fueron 798.
Fernanda, la joven madre, de 17 años, estudia en un plantel de sur. Relata que su novio fue a solicitar la píldora en dos ocasiones porque ella sentía vergüenza de hacerlo y de hablar de su sexualidad. En el colegio supo de anticonceptivos y de derechos sexuales; sus padres nunca tocaron el tema.
Ni con sus amigas se sentía cómoda al hablar de eso. Para solventar sus dudas usaba Internet. Lo mejor es que en el centro -dice- hallé una guía.
En el Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, del 2017-2021, se indica que el 39% de las mujeres de 15 a 19 años reporta haber vivido ya una experiencia sexual. El 7,5% tuvo su primera relación sexual antes de los 15 años y el 30%, incluso antes de los 18 años.
El 89% de chicas menores de 15 años tuvo su primera relación sexual con personas mayores que ellas.
La píldora, para evitar el embarazo, también se dirige a víctimas de violencia sexual, recuerda Sandra Capelo, médica del servicio de Ciclo de la Mujer en el Centro de Salud de La Magdalena, en el sur.
En general, las usuarias, dice, son menores de 18 y adultas que no usan métodos anticonceptivos regularmente.
En el debate por la despenalización del aborto, del Código Orgánico Integral Penal, grupos en contra de la propuesta han dicho que las mujeres violentadas sexualmente no se embarazan pues reciben la píldora de emergencia. Pero organizaciones pro derechos piden no mezclar los temas.
El libre e inmediato acceso a este recurso para mujeres violadas se plantea en el artículo 197 del segundo libro del Código de Salud, que también debate la Asamblea Nacional. Este determina que el personal de los servicios médicos debe atender casos de violencia intrafamiliar y sexual y suministrar, entre otras, la AOE.
Pero el acceso a esta opción ya es posible, desde el 2006. Lo que se busca es que el personal de salud lo ofrezca obligatoriamente a víctimas, aclara Víctor Álvarez, presidente del Colegio Médico de Pichincha.
Lo importante -enfatiza- es trabajar en prevención y educación sexual. Lo central es que el joven sepa cómo protegerse de enfermedades de trasmisión sexual o evitar un embarazo no deseado.
Virginia Gómez dirige la Fundación Desafío. El acceso a la píldora del día después, cuenta, es un logro de ONG y de las mujeres. Resalta que antes su uso no era generalizado, que muy pocos ciudadanos conocían su funcionalidad.
En el país, en 1994 se empezó a promover su uso bajo el nombre del método de Yuzpe. Pero fue en el 2006 -apunta- que por una propuesta de las mujeres del Consejo Nacional de Salud, la pastilla ingresó al cuadro nacional de medicamentos básicos.
Grupos en contra de los derechos, dice, han catalogado el medicamento como abortivo. “Es una idea errónea, evita la fecundación e inhibe la ovulación de la mujer, es su función. Su uso es ético y legal”, añadió.
Lucía (nombre protegido), de 26 años, ha utilizado la pastilla en tres ocasiones. La primera vez fue a los 15. Recuerda que acudió a una farmacia y la consiguió en USD 8, pero en su segundo intento.
“La primera vez, en la farmacia me hicieron sentir que cometía un pecado y me pidieron hablar con mis padres”. Esas experiencias -anota- no deben repetirse. Está a favor de que los más jóvenes cuenten con información.
En contexto
La obligación de que el médico suministre la píldora en caso de violación se regula en el Código Orgánico de la Salud. El informe para segundo debate de la norma está listo para llegar al Pleno, en manos de la Presidenta del Legislativo.