16 de marzo de 2020 13:58

11 economistas proponen seis medidas ante situación derivada por el covid-19

Las autoridades toman medidas para detener la propagación del coronavirus covid-19 en el Ecuador. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO

Las autoridades toman medidas para detener la propagación del coronavirus covid-19 en el Ecuador. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO

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Mónica Orozco

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Ante la situación económica de extrema gravedad, 11 economistas emitieron una carta pública con una serie de propuestas.

La misiva está suscrita por exministros de Finanzas, catedráticos, miembros de consultoras especializadas y son: Vicente Albornoz Guarderas, Jaime Carrera, Simón Cueva, Alberto Dahik, Augusto de la Torre, José Hidalgo Pallares, Patricio León, Abelardo Pachano, Mauricio Pozo, César Robalino y Walter Spurrier.

Las medidas se necesitan porque, según los expertos, los efectos económicos que se están viendo a escala global se amplifican en el caso ecuatoriano porque recaen sobre una economía que, por la irresponsabilidad de la anterior administración, carece de ahorros.

“El Gobierno adolece de una aguda escasez de dólares y un enorme déficit, sin acceso a nuevos créditos. Lo poco que dispone debe dedicarlo a mantener el funcionamiento básico de los servicios públicos, especialmente en el área de la salud. No está en capacidad de asistir a la economía expandiendo el gasto público o reduciendo impuestos”, señalan.

Además, detallan que “la empresa privada, que ya tenía enormes dificultades para competir en el exterior, ahora confronta una brutal contracción de la demanda como consecuencia de las medidas para prevenir la expansión del coronavirus”.


Los 11 economistas coinciden en que el paquete de medidas recientemente anunciado por el Gobierno ayuda a aliviar transitoriamente su problema de caja, pero es claramente insuficiente.

Estas circunstancias extraordinarias, de acuerdo con el comunicado, exigen respuestas extraordinarias.

Para enfrentar la gravedad de la situación protegiendo la dolarización, proponen una tregua política para que “la Asamblea y la sociedad otorguen al gobierno facultades excepcionales para que pueda actuar con la celeridad del caso (…), a cambio de lo cual el Gobierno debe comprometerse a actuar con transparencia y someterse a una apropiada rendición de cuentas”.

Algunas de las medidas que los 11 economistas plantean son:


1. Recorte del gasto en nómina de USD 2 000 millones, el cual, dadas las circunstancias, en lugar de basarse en despidos masivos, debería hacerse vía una reducción inmediata del 20% en los sueldos y salarios de los empleados públicos como lo hicieron Grecia, Portugal, España, e Irlanda. Para el efecto, se puede invocar la cláusula de daño exorbitante y las correspondientes disposiciones de la Ley Orgánica de Servicio Público, partiendo de una reducción del 20% en la remuneración del Presidente.

2. Substituir el subsidio a los combustibles por uno directo al transporte público, a cambio de mejoras en la calidad del servicio.

3. Un marco legal temporal que permita que los empleadores lleguen a acuerdos con sus empleados para evitar la quiebra de aquellas empresas que, pese a sus problemas actuales, son viables y, así, evitar la destrucción innecesaria de puestos de trabajo. Amparados por dicho marco, empleadores y empleados dispondrían de la más amplia gama de opciones para acomodar los acuerdos a la situación específica de cada empresa. El gobierno podría facilitar el proceso proveyendo servicios de mediación y arbitraje si las partes lo solicitan. Asimismo, la figura legal de responsabilidad limitada necesita estar en plena vigencia para que las empresas que ya no son viables entren en un proceso de bancarrota y liquidación ordenado y eficiente.

4. Las autoridades económicas y financieras deben diseñar, en coordinación con bancos y cooperativas, medidas que alivien las obligaciones, permitan evitar un deterioro generalizado de la cartera y contribuyan a sostener la frágil economía ecuatoriana. Simultáneamente, se deberá cuidar la liquidez de la economía.

5. Crear un fondo de compensación cambiaria entre privados: un recargo temporal a las importaciones del sector privado que no se utilicen en los procesos locales de producción y esté destinado exclusivamente, a través de un fideicomiso, a una compensación de la misma magnitud a las exportaciones no minerales del sector privado. Para que sea ágil y transparente, este mecanismo debería ser administrado por una entidad público-privada y complementado por un fondo alimentado por préstamos de la banca multilateral de desarrollo. La gran ventaja de este esquema es que no resta liquidez al sector privado, al redistribuirse los recursos dentro del propio sector sin ir al fisco. Este mecanismo se reduciría o aumentaría en función de la evolución del tipo de cambio en los países vecinos.

6. Una vez terminada la emergencia deben entrar en vigor un grupo de reformas estructurales indispensables para que la economía recupere su dinamismo como la laboral; una reforma tributaria que simplifique la estructura de impuestos, elimine de forma gradual del ISD, entre otros. Esto último debería ser compensado por un aumento de la tasa del IVA, que no afecta los costos de producción y que le otorgaría al gobierno un margen para asistir directamente a las familias más vulnerables; entre otras reformas.

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