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Diplomacia ecuatoriana es cuestionada por supuesto asilo político de Rafael Correa

Analistas advierten que, si el expresidente Rafael Correa tiene un asilo político oficial, no debería hacer activismo político en sus redes sociales. Además, sugieren acciones de la Cancillería. Foto: Captura.

Aunque el asilo político para el expresidente Rafael Correa, concedido por Bélgica, no está confirmado por el Estado ecuatoriano de forma oficial, la credibilidad del área diplomática es cuestionada.

Tanto el excanciller Marcelo Fernández de Córdova como el abogado internacionalista Esteban Santos coinciden en que la reacción de la Cancillería de Ecuador no es la más oportuna ante al asilo político de Correa, anunciado por su abogado belga.

La Cancillería “no ha conocido de fuente oficial” el asilo, informó la institución la tarde de ayer. Y hasta este sábado, 23 de abril del 2022, no hubo ninguna confirmación.

La Cancillería justificó que no esperan cambios de la situación debido a la diferencia de horarios con Bélgica y porque es fin de semana.

Uno de los abogados ecuatorianos del expresidente dijo que no tiene la resolución del Comisariado General de Refugiados y Apátridas (CGRS) de Bélgica. Documento en que se establecería la concesión del asilo político.

Resolución de asilo oficial

Para el excanciller y el abogado es relevante que Cancillería solicite y se conozca el contenido de dicha resolución. Con eso se pudiera saber realmente si el asilo fue concedido por su condición de esposo de una ciudadana belga y tiene esa nacionalidad o fue por persecución política, como dice el correísmo.

“Si Bélgica cree que es un perseguido político es un tema muy sensible y muy grave. Es un fracaso para el Estado de derecho y la institucionalidad de este Gobierno”, dijo Santos.

“Si el Gobierno quiere tener algo de credibilidad tiene que poner a todo su Gabinete a actuar. No solo a saber comunicar bien, sino a entregar estos resultados que hoy por hoy están faltando”, agregó.

El excanciller Fernández de Córdova indicó que no existe normativa para que Bélgica informe cuando otorga el asilo, pero “normalmente” debió comunicarle a Ecuador por lógica.

No obstante, mientras se obtenga información oficial, el Gobierno debe hacer uso de los mecanismos diplomáticos “para manifestar su disconformidad”.

Por ejemplo, emitir “una nota de protesta”.

La Cancillería, ante esto, no puede quedarse callada, agrega Fernández de Córdova. “En primer lugar, averiguar si hay la resolución de Bélgica, en qué condiciones y por qué argumentos se le concede (el asilo). No tenemos que basarnos en lo que diga el abogado de Correa”.

Santos opinó que Bélgica sí debió notificar a Ecuador si realmente concedió el asilo político, aunque no está obligado a dar explicaciones de su decisión.

“Si Correa tiene formalmente el asilo, el proceso (de extradición) queda en el limbo, ya no se irá a concretar”, indicó al suponer que sería un “sinsentido” que Bélgica revierta el asilo si lo acabó de otorgar.

Asilo prohíbe activismo político

Santos puntualizó que el asilo político implica que la persona que recibe el beneficio no puede hacer actividad política. El asilo político de Correa fue anunciado el 22 de abril, por lo que habría recibido este beneficio días antes.

Pero hasta hoy, el expresidente reacciona con mensajes por Twitter sobre el quehacer político y judicial de Ecuador.

Las comunicaciones de Correa, a decir de Santos son parte de su actividad política. “Eso es algo que está expresamente prohibido de acuerdo a una convención internacional del derecho al asilo”. Sin embargo, será Bélgica quien decida sobre ese incumplimiento.

El excanciller refirió que la persona asilada debe respetar al país anfitrión para no crearle dificultades con “actividad política dirigida a Ecuador”. También coindice en que los mensajes de Correa son parte de su accionar político, pues las redes sociales ayudan a hacer “proselitismo político”.

Ambos expertos compararon este hecho con el caso del hacker australiano Julian Assange. Quien recibió asilo, precisamente durante el Gobierno de Correa, y hacía declaraciones de matiz político.

Fernández de Córdova sugiere a las autoridades que, al enviar la solicitud de extradición mediante la Cancillería, adjunten “todo el proceso y el mayor número de pruebas” para fundamentar que no se trata de una persecución política sino de una sentencia ejecutoriada. Su recomendación la hace al señalar que Ecuador tiene poca experiencia en solicitar extradiciones y ante las fallidas alertas a la Interpol.