El ministro de Finanzas, Richard Martínez, informó ayer que en lugar del límite, que rige desde el 2010, se aplicarán otras normas de prudencia fiscal. Foto: Armando Prado / EL COMERCIO
El Gobierno reconoció el jueves, 17 de mayo del 2018, que el monto de deuda pública asciende a USD 58 980 millones. El monto equivale al 57% del Producto Interno Bruto.
La cifra incluye los rubros de deuda interna y externa agregada, pero también otras obligaciones como preventas, deuda flotante y otras obligaciones.
Actualmente, la deuda pública no puede ser mayor al 40% del PIB, según dispone el Código de Planificación y Finanzas Públicas (Coplafip).
Sin embargo, en Finanzas, se analiza eliminar este techo. El ministro de Finanzas, Richard Martínez, informó ayer que en lugar del límite, que rige desde el 2010, se aplicarán otras normas de prudencia fiscal.
Aunque no detalló cuáles, explicó que estas se incluirán en el proyecto de ley para implementar el plan económico que anunció el presidente Moreno en abril. El proyecto será enviado a la Asamblea antes del 24 de mayo, añadió.
Con la publicación de este monto de deuda, que difiere en 18 puntos de la que reconoció su antecesora, Martínez acató ya una de las 18 disposiciones que realizó Contraloría en el examen especial a la deuda, presentado el 9 de abril.
El organismo de control sugirió incluir en el cálculo de endeudamiento los rubros como ventas anticipadas de petróleo y otros como Certificados de Tesorería (Cetes), entre otros. Las cifras se publicaron a las 19:00 de ayer en la web de Finanzas.
Desde octubre del 2016, cuando se publicó el decreto ejecutivo 1218, que dispuso un cambio en el cálculo del endeudamiento, el Gobierno solo publicaba y reconocía la cifra de deuda consolidada, que excluye los compromisos entre entidades del Estado. Hasta abril, era de alrededor de USD 34 000 millones.
Pero, según el informe de la Contraloría, la deuda pública sobrepasó el techo legal en diciembre del 2016. En ese mes, según el documento, la deuda se ubicó en 52,54% del PIB.
El jueves, Martínez aseguró que la próxima semana enviará un proyecto de ley para derogar el Decreto 1218, y explicó que es partícipe de eliminar el techo de la deuda, porque lo importante no es tener un límite de este tipo, sino que el país tenga capacidad de pago.
Para Mauricio Pozo, exministro de Finanzas, el techo puede reemplazarse con otras reglas para controlar el que el endeudamiento no sobrepase la capacidad de pago del país.
Sugiere, por ejemplo, que se disponga que el crecimiento anual de endeudamiento guarde relación con el crecimiento anual de la economía.
Pozo explica que antes de que se aprobara el Coplafip, en el 2003 entró en vigencia la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal (Loreytf), que disponía reglas macrofiscales que podrían volver a instaurarse.
Por ejemplo, Pozo menciona que en el artículo 3 se disponía que el gasto del Gobierno no se incremente anualmente en más del 3,5 % , y que debía guardar relación con el deflactor implícito del PIB (este es un indicador que mide la inflación en términos de producción).
Ese mismo artículo, además, establecía que el déficit se reduzca anualmente en 0,2% del PIB hasta llegar a cero.
Para el exministro de Finanzas, Fausto Ortiz, no debería eliminarse el límite de endeudamiento.
“En este momento es importante que exista esa meta, y el Gobierno debe trabajar para alcanzarla. Después podría analizarse otras opciones, pero por ahora debiera mantenerse esa norma”.
En el 2003, la Loreytf establecía que la relación deuda/ PIB debía reducirse hasta alcanzar el porcentaje del 40%. Para diciembre del 2003, la deuda pública estaba en el 44,7% del PIB.
Para Ortiz, ahora que el Gobierno reconoció que la deuda pública está por encima del 40%, lo recomendable es aplicar lo que la Loreytf disponía en el artículo 5.
Este disponía que Finanzas aplique una política de reducción permanente de la deuda pública,tendiente a que la relación entre el saldo de la deuda pública total y el PIB disminuya como mínimo en 16 puntos porcentuales durante el período gubernamental de 4 años.
En tanto, la exministra de Finanzas, María Viteri, dijo ayer que hasta antes de su salida del cargo había implementado cinco recomendaciones de Contraloría, pero no detalló cuáles.
Añadió que otras 11 estaban en proceso de verificación para ejecutarlas. Viteri dijo que envió un oficio a la Contraloría para consultar cuál es la base legal, técnica, conceptual y operativa para determinar que las preventas son deuda.
