30 de enero de 2019 00:00

Depuración de usuarios del Bono de Desarrollo Humano seguirá en el país

Nelly Moromenacho recibe el Bono de Desarrollo Humano y pensión por discapacidad. Foto: Roberto Peñafiel / EL COMERCIO

Nelly Moromenacho recibe el Bono de Desarrollo Humano y pensión por discapacidad. Foto: Roberto Peñafiel / EL COMERCIO

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Valeria Heredia
Redactora (I) jheredia@elcomercio.com

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A Carmen Daquilema, de 33 años, le pagan USD 0,02 por prenda, en una fábrica textil, se encarga de cortar los hilos sobrantes; también cobra USD 10 por limpiar una casa, eventualmente. En épocas buenas recauda USD 50 al mes.

Desde el 2015 está en la lista de beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano, dirigido a quienes viven en condición de pobreza o indigencia.

En el proceso de actualización de junio 2018 del llamado Registro Social, catastro que contiene información social, económica y demográfica de las familias, técnicos visitaron a Carmen en su casa, ubicada en el sector de Santa Anita, en el extremo norte de Quito.

La actualización es un proceso que evalúa cinco temas: salud, educación, dinámica familiar, ingresos y egresos. Adicionalmente hay otros parámetros, como el tipo de vivienda y acceso a servicios básicos.

El año pasado se registró la cifra más baja de beneficiarios del subsidio, que existe desde 1998: unas 900 000 personas por su condición de pobreza, indigencia, discapacidad y edad (adultos mayores).

Depuración de usuarios de bono seguirá


Si se compara esa cifra con la del 2017, cuando hubo 1 007 464 usuarios, es un 10% menos, según el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). El pico más alto se reportó en el 2012.

Desde el 2013 empezó la depuración de la lista. El motivo -explica el viceministro de Inclusión, Marco Cazco- es que “en el 2013 se actualizó el Registro Social y se empezó a medir la condición de pobreza e indigencia”. Nueve millones de personas fueron censadas.

En el registro constan personas que reciben o no el subsidio. También -dice- hay gente que cobra pero no lo necesita.

Con la actualización de la información del 2013 se llegó a 435 000 familias beneficiarias. Solo unas 122 000 de esas recibían el bono. De ellas, cerca de 74 000 se mantienen en el grupo de pobreza e indigencia, por lo que todavía se les transfiere el dinero (USD 50 como base).

Carmen Daquilema recibió a Maricela Sevillano (MIES), quien evaluó su situación. Foto: Víctor Muñoz / EL COMERCIO

Carmen Daquilema recibió a Maricela Sevillano (MIES), quien evaluó su situación. Foto: Víctor Muñoz / EL COMERCIO


El resto, 48 000 personas, ya estaban fuera de los parámetros de pobreza. Desde diciembre dejaron de recibir este monto. Salió el 39%, según el viceministro Cazco.

¿Qué parámetros se usaron para excluirlos? El principal es que dejaron la condición de pobreza y extrema pobreza. Se considera pobre a quien tiene un ingreso per cápita familiar menor a USD 84,79 al mes. E indigente si recibe menos de USD 47,78 mensuales, según el reporte de pobreza del INEC, de diciembre del 2018.

Al no tener un ingreso fijo, Carmen entraría en los parámetros de pobreza o extrema pobreza y estaría en una escala de menos de 34 puntos sobre 100, que mide el Registro Social. A sus reducidos ingresos se suman duras condiciones de vida, como falta de agua potable y de energía.

Entre otros se anotan dos parámetros más: contar con un seguro médico o ser un funcionario público.

Tras la actualización del Registro no solo hubo excluidos, además se ingresó a personas que esperaban esta ayuda. En total se incluyó a 40 614.

Así, la entrega del subsidio a personas extremadamente pobres aumentó en 1%; a pobres creció al 4%. Pero en el grupo de los no pobres hubo una caída del 5%. “La corrección es del 5% de mejor priorización para los beneficiarios de transferencias”, dijo Cazco.

Nelly Moromenacho, de 35 años, recibió en enero la noticia de que ingresó a la lista de beneficiarios del bono. Se alegró pues no cuenta con un trabajo fijo para mantener a sus tres hijos, una de ellas con discapacidad intelectual del 40%, según su carné del Conadis.

Sentada en la casa que comparte con sus hijos y sus padres, relata que destinará los USD 100 -Bono de Desarrollo Humano y de discapacidad- para ayudar en los gastos del hogar, con las terapias para su hija y en gastos educativos.

Pero -admitió- aún no conoce qué implica la corresponsabilidad de los beneficiarios del bono. Desde junio del 2018, en la tarjeta de salud, deben llevar el control de las visitas médicas de sus hijos. Y desde este mes se les explicará sobre la utilización de la tarjeta de educación. Lo sostiene Maricela Sevillano, técnica de acompañamiento familiar del MIES.

En este año, el Gobierno destinará USD 730 millones para el pago de todas las transferencias monetarias a los beneficiarios. Este rubro es igual al que se asignó en el 2018.

“Veamos cómo sale la actualización del Registro Social, pero creemos que sí necesitaremos más recursos, pese a que habrá más salidas”, reflexionó el Viceministro.

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