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Decreto de estado de excepción caduca el 15 de agosto, pero puede ser renovado

El Centro Histórico de Quito este lunes 10 de agosto del 2020. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO

El Centro Histórico de Quito este lunes 10 de agosto del 2020. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO

El estado de excepción -decretado nuevamente por el presidente Lenín Moreno- caducará el sábado 15 de agosto del 2020. Foto:Archivo/ EL COMERCIO 

El sábado 15 de agosto se cumplirán los 60 días de vigencia del Decreto Ejecutivo 1074 con el cual el presidente Lenín Moreno mantiene en vigor algunas medidas por la pandemia del covid-19.

Carondelet todavía no ha confirmado si se emitirá uno nuevo. El artículo 116 de la Constitución dice que “si las causas que lo motivaron persisten podrá renovarse hasta por treinta días más, lo cual deberá notificarse”.

“Si el Presidente no renueva el decreto de estado de excepción o no lo notifica, éste se entenderá caducado”, añade la norma suprema.

De hecho, el Decreto 1074 fue suscrito la noche del 15 de junio pasado, a pocos minutos de que expirara el plazo legal para su publicación.

Con esta decisión, Moreno dio por terminado el estado de excepción suscrito el 16 de marzo y luego ampliado, por 30 días más, el 15 de mayo último. Fue el Decreto 1017.

En el documento que está en vigor se sigue citando la causal de calamidad pública en todo el territorio nacional, pero se establecieron dos objetivos: continuar con el control de la enfermedad y establecer mecanismos para enfrentar la recesión económica y crisis fiscal, derivadas de la pandemia.

En el Decreto 1074 se aclara que la limitación del ejercicio a la libertad de tránsito se realiza con la finalidad de mantener medidas de aislamiento y distanciamiento físico. Se establece que el toque de queda, además, estará sujeto a las disposiciones del COE Nacional.

A partir de ese decreto se emitió otro, el 1019, con el que se disponía una recaudación anticipada de tributos para 1 188 grandes contribuyentes. El Ejecutivo tuvo un revés el 10 de agosto pasado cuando la Corte Constitucional echó abajo la decisión del Presidente.

María Paula Romo,
ministra de Gobierno, calificó “muy grave” la decisión de la Corte y dijo que se suma a las dificultades que debe afrontar en medio de la crisis sanitaria.

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