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Médicos posgradistas exigen cumplimiento de la Ley Humanitaria

Posgradistas trabajaron en hospitales durante la pandemia. Foto cortesía: Hospital Teodoro Maldonado Carbo

Un grupo de médicos posgradistas exige el cumplimiento de la disposición transitoria octava de la Ley Humanitaria. En este articulado consta que los galenos en formación, que prestaron sus servicios durante la pandemia, debían suscribir contratos de servicios ocasionales. Además debían percibir una remuneración mensual. 

Sin embargo, los cuatro profesionales sanitarios no accedieron a ese beneficio. Lo explica la abogada y directora del Observatorio de Derechos y Justicia, María Dolores Miño.

Ella apoyó el caso de los cuatro médicos, con quienes interpuso una acción de protección para que el Ministerio de Salud Pública (MSP) cumpla con este ofrecimiento. 

“Ellos debían ser contratados por el tiempo que dure su posgrado, según consta en la Ley Humanitaria. No se lo hizo, por lo que se interpuso la acción”. 

En la normativa se lee que “las y los médicos que, durante la emergencia de covd-19, se encuentren prestando sus servicios en los hospitales pertenecientes a la Red Pública de Salud (RIPS) y complementaria, en calidad de posgradistas autofinanciados y becados, se considerarán médicos en funciones hospitalarias en formación y suscribirán un contrato de servicios ocasionales”. 

A renglón seguido se aclara que la firma se hará con el Ministerio de Salud, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y las redes complementarias. 

Esto durará por el tiempo de estudios y percibirán una remuneración correspondiente a la categoría Médico general en funciones hospitalarias. El monto es de aproximadamente USD 1 600. 

“El Ministerio está actuando de mala fe; no tiene ningún argumento para que los chicos no suscriban sus contratos. Además, la Corte ya se pronunció sobre el tema y es de cumplimiento inmediato”. 

Adicionalmente, Miño recordó que la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad del artículo 25 de la Ley Humanitaria. Esta decretaba la entrega de nombramientos definitivos a los profesionales de la salud que estuvieron en primera línea. No obstante no se discutió esta disposición, por lo que sigue en vigencia. 

A continuación, el testimonio de uno de los cuatro posgradistas que esperan el cumplimiento de esta norma. 

Octavio Ortiz, médico posgradista de 31 años: “sentimos vulnerados nuestros derechos”

“Durante la pandemia de covid-19, un grupo de compañeros y yo estuvimos haciendo la rotación en el Hospital Julio Endara, en Quito. Nos quedamos hasta octubre. En ese mes ya regía la Ley Humanitaria, por lo que las contrataciones se realizaron en noviembre. Sin embargo, cuando hacemos un posgrado rotamos en varios hospitales tanto públicos como privados. El problema fue que cuando cumplimos con este proceso y fuimos a los privados no dieron paso a nuestros contratos. Luego, el Ministerio de Salud suspendió las rotaciones.

Mi posgrado es en Psiquiatría y cuesta USD 26 000. Ese monto lo financié con mis ahorros y con ayuda de mis padres. Estoy terminando el tercero de cuatro años. He estado en varios hospitales de la red pública: Eugenio Espejo, Calderón, Julio Endara. En este último atendimos muchos pacientes con covid-19. Les revisamos y dimos seguimiento. Ninguna especialidad estuvo fuera de la atención de contagiados.

Además, en la ley se habla de que todos los profesionales de la salud que estuvimos haciendo posgrado y estuvimos en la pandemia tenemos el derecho a acceder a los contratos. Sentimos vulnerados nuestros derechos porque no contamos con seguridad social ni remuneraciones; así como consta en la Ley Humanitaria. 

En mayo decidí interponer una acción de protección; presentamos mi caso. En julio se llamó a juicio y ganamos en primera instancia. Mis compañeros también se presentaron, porque es evidente el error del MSP. 

Pese a ello, el Ministerio no nos ha dado respuestas. Tenía 30 días para que se dé cumplimiento la sentencia de la Corte. En mi caso no se ha hecho nada; hay una demora de casi dos meses. 

El incumplimiento de la sentencia puede traer un impacto negativo a la ministra (Ximena Garzón). Si no cumple se corre el riesgo de destitución. 


Mi anhelo es que el MSP tome en cuenta estas acciones y las ejecute, con el objetivo de restablecer nuestros derechos”.

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