31 de diciembre de 2020 00:00

La corrupción sorprendió en la pandemia a Ecuador

El 16 de junio se ejecutó un operativo en el hospital del IESS en Durán-Guayas. Foto: EL COMERCIO

El 16 de junio se ejecutó un operativo en el hospital del IESS en Durán-Guayas. Foto: EL COMERCIO

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Redacción Seguridad
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La crisis sanitaria que estalló este año por el coronavirus también desató una ola de corrupción a escala nacional.

El 2020 cierra con 196 expedientes en curso. 183 se hallan en la primera fase de la investigación o indagación previa. Solo 13 han pasado a la siguiente etapa: instrucción fiscal.

Las operaciones ejecutadas por los agentes dejaron 185 involucrados. En esa lista aparecen un exministro, un expresidente de la República, sus hijos y decenas de funcionarios.

Todos son procesados por cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, tráfico de influencias o la figura de delincuencia organizada.

Las primeras alertas de lo que ocurría aparecieron en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en donde cada mascarilla N95 se compró en al menos USD 12, cuando en el mercado se lo encontraba, a la época, en USD 3 o 4.

Luego, las sospechas y posteriores investigaciones se extendieron a 18 de las 24 provincias, en donde se ejecutaron 155 allanamientos para recabar las evidencias judiciales.

El volumen de las denuncias hizo que el 31 de mayo, la Fiscalía General conforme un equipo especial denominado Fuerza de Tarea, para rastrear todas las alertas que llegaban a sus oficinas en el país. Tres fiscales de la Unidad contra la Corrupción, cinco de Lavado de Activos, cinco más por cada provincia, expertos en contratación pública y análisis financiero, y policías especializados comenzaron a operar.

Uno de los hallazgos de las pesquisas fue que el sistema de contratación en Ecuador es permeable. “Al amparo de la contratación por emergencia constatamos cómo se realizaron procesos discrecionales que afectaron con sobreprecios al Estado”, dice la Fiscalía.

El Servicio de Contratación Pública (Sercop) identificó en el país 202 procesos con presuntas irregularidades.

Un informe de esa entidad advierte que el 46% de las presuntas anomalías detectadas recae sobre las adquisiciones realizadas por municipios y hospitales públicos. En la lista además aparecen juntas parroquiales, instituciones estatales, prefecturas, entre otros.

Uno de los problemas que existe para indagar estas tramas es la falta de peritos que dificultan las tareas de rastreo. En su base de datos, el Consejo de la Judicatura (CJ) tiene registrados 39 profesionales en contratación pública.

Pero en 12 provincias no hay este personal. En esta lista constan Imbabura, Bolívar, Carchi, Morona, Zamora Chinchipe, Napo, Orellana, Sucumbíos, Pastaza, Cotopaxi, Galápagos y Esmeraldas.

Hasta finales de año, los operadores de justicia procesaron a 185 personas. 55 están detenidas y el resto se encuentra con arresto domiciliario, debe presentarse en las oficinas judiciales o no puede salir del país.

En medio de estos hechos, la Legislatura aprobó la reforma penal en materia anticorrupción. Se tipificaron nuevos delitos como la elusión de procedimientos en contratación pública, sobreprecios, actos de corrupción en el sector privado y obstrucción a la justicia.

Además, se incluyó el informe previo de pertinencia y favorabilidad emitido por la Contraloría, como requisito previo a todo proceso para contratar en el sector público.

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