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Cooperativas y afines dan créditos verdes de mayor monto

76 cooperativas de ahorro forman parte del programa Saras para impulsar el crédito sostenible. Foto: Freepik.

Los clientes del Sistema Financiero Popular y Solidario (SFPS), que comprende cooperativas, mutualistas, cajas de ahorro y bancos comunales, tienen mejores condiciones para el acceso a los créditos verdes. 
Estas líneas de financiamiento están dirigidas para personas o empresas. Se destinan para apoyar la creación y desarrollo de acciones o proyectos, enfocados en la protección y conservación del medioambiente.


También se aplican para la implementación de procesos de producción sostenibles por parte de empresas ya constituidas. La Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (Conafips) presentó su nueva línea de créditos verdes.
 Roberto Romero, presidente del directorio de la entidad, señaló que esto es posible gracias al aporte de organismos multilaterales.

Entre ellos están el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
Estos otorgan recursos para que la Conafips los transforme en créditos de segundo piso a las entidades del SFPS. Así las cooperativas, mutualistas y otros pueden colocar líneas de financiamiento verdes en mejores condiciones a sus clientes, explicó Romero.


Créditos verdes

Entre las actuales mejoras para el financiamiento están un mayor monto y mayor plazo. Los créditos verdes serán de hasta USD 180 000 en las operaciones de crédito de primer piso. Anteriormente, se otorgaban hasta USD 70 000. 
Por esta razón, también tendrán hasta 84 meses plazo, como en el sistema bancario. 
Mientras que las tasas de interés irán conforme a la segmentación de cada organización financiera que conceda el crédito.


Las cooperativas reciben estímulos como descuentos en sus créditos. Esto ocurre cuando por ejemplo, el 60% de este financiamiento se destina a mujeres. Que es un público en el cual se busca mayor inclusión financiera. 
Créditos verdes son parte de un plan de sostenibilidad
. El financiamiento verde es parte del Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales (Saras). Este fue ideado por la Conafips desde hace unos dos años, comentó Romero.

Actualmente, 76 cooperativas de ahorro y crédito son parte de este modelo para la mitigación de riesgos ambientales y sociales derivados de las operaciones de crédito. 
En el 2020 y lo que va de 2022, la Conafips ha colocado USD 615 millones en créditos productivos, como parte del modelo Saras. Esto se lo ha hecho a través de créditos otorgados por las entidades del SFPS a sus clientes. 
De ese monto, USD 272 millones son créditos verdes.

Estos se han destinado a actividades productivas con enfoque ambiental, enfatizó Romero. 
El sector cuenta con normativa sobre créditos sociales. 
La propia iniciativa de las cooperativas y de otras entidades del SFPS ha impulsado los créditos verdes en los últimos años. Dice Edgar Peñaherrera, presidente de la Asociación de Organismos de Integración del Sector Financiero Popular y Solidario (Asofipse).


Ahora hay una normativa específica que obliga a las entidades a trabajar en financiamientos con enfoque social.
 El pasado mayo, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria emitió la “norma de control para la administración del riesgo ambiental y social en las cooperativas de ahorro y crédito y asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda”.


Esta establece una serie de disposiciones que las entidades del sector deben cumplir en la colocación de créditos. 
Para Peñaherrera, esto implica que el concepto ambiental, de género, de emprendimiento y otros sea transversal en todas las operaciones crediticias. 
Las cooperativas que otorgan más del 20% de préstamos del segmento de microcrédito deben hacer un análisis ambiental o social.

Por ejemplo, al momento de otorgar un crédito, la entidad debe evaluar qué tipo de actividad está involucrada y los impactos de la misma. “Si se requiere un permiso ambiental se lo ¿solicita”, afirmó Peñaherrera.

Con la vigencia de dicha norma, las entidades deberán presentar a la SEPS la información requerida sobre estas gestiones a partir de enero de 2023. Esto permitirá contar con datos específicos de la colocación de créditos con enfoque social. Entre ellos de las líneas verdes y tener alcances de su impacto, precisó Peñaherrera.