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Contradicciones sobre la inseguridad

Para atenuar la creciente preocupación social por el incremento de la inseguridad en el país, el Gobierno ha optado por exhibir cifras que, supuestamente, demuestran los avances del estado de excepción vigente desde hace tres semanas.

Según las estadísticas oficiales, han disminuido los secuestros exprés, los asaltos en carreteras, la tenencia ilegal de armas, los robos en buses, etcétera, debido a la presencia combinada de policías y militares en las calles de Quito, Guayaquil y Manta.

El Régimen pretende atenuar el descontento ciudadano por los hechos coyunturales, pero olvida que su principal responsabilidad es contar con una política de seguridad a largo plazo que tome en cuenta todos los factores jurídicos, sociales y económicos que inciden en el crecimiento del crimen y la violencia urbana.

Si el Gobierno tuviera una actitud autocrítica debería empezar por reconocer lo poco que ha hecho en estos casi tres años para enfrentar el problema, pese a las ingentes inversiones en la Policía. Es tan evidente el descuido en el tema, que el Gobierno tuvo que recurrir a las FF.AA. de la misma manera superficial y apresurada como lo hicieron los tan criticados regímenes anteriores.

Siempre tendremos que recordar que una de las principales obligaciones éticas de un Mandatario es mostrar coherencia entre el discurso y las acciones. Si la “revolución ciudadana” ha dejado atrás la larga noche neoliberal y la partidocracia, el nuevo escenario debiera evidenciarse en los temas que más preocupan a los ciudadanos.

Pero si la inseguridad y el desempleo siguen siendo los mayores problemas, es lógico que vaya creciendo la percepción nacional de que el cambio prometido se ha quedado en un poco práctico y recurrente discurso de tarima.

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