Los edificios de transferencia de tecnología son parte de las obras paradas en Yachay. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO
Un recurso legal interpuso la constructora ConEcuakor tras la terminación unilateral de su contrato con Yachay. Su objetivo es que se reconozcan los rubros ejecutados en la edificación de las cinco infraestructuras del campus de la Universidad, localizada en la provincia de Imbabura.
En febrero de este año, la nueva administración de Yachay EP (empresa pública) decidió dar por terminado el contrato con esta firma. Esto implicó que se haga una solicitud de devolución por USD 14 millones a favor de Yachay.
Así lo indicó en febrero el gerente de empresa pública, Jorge Martínez, a este Diario.
Este monto corresponde a los anticipos no devengados de la obra. “Nosotros procedimos a la terminación unilateral del contrato. Se notificará y se solicitará el pago de los anticipos no devengados”.
El monto del contrato por los cinco edificios es de USD 44 millones. De estos se debía entregar un anticipo de USD 22 millones, es decir, un 50%.
“Lo pagado son solamente USD 8 millones y reclamamos USD 14 millones. Este monto, según la Ley de Contratación, dice que la entidad notifica a la parte contraria. Esta tiene 30 días para pagar o devolver el monto destinado”.
Sin embargo, la constructora – conformada por una empresa coreana y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército – colocó una demanda en el Tribunal Contencioso Administrativo para cambiar la decisión de Yachay.
La razón: los representantes de la firma están convencidos de que Yachay debe resarcir un valor por motivo de materiales, maquinaria y demás insumos. Estos permanecen en la obra paralizada desde el 2015.
El gerente de ConEcuakor, Nelson Perugachi, coincide con el valor de la obra y de los anticipos. Pero discrepa con el monto de devolución. Para él, Yachay debe entregar USD 6,1 millones a su favor.
Perugachi recalcó que su demanda es justa porque el dinero está depositado en la obra, es decir, en los cinco edificios, que serían destinados a los laboratorios, administración y gestión, auditorio y los de transferencia de tecnología o conocidos como TT1 y TT2.
Perugachi, incluso, sostuvo que la empresa coreana-ecuatoriana inyectó capital propio para seguir con la construcción. “Un aproximado de USD 1 millón”, señaló el Gerente.
ConEcuakor basó su demanda en informes de peritos judiciales, contables y calificados por el Consejo de la Judicatura, explicó Perugachi.
El Tribunal Contencioso -señaló Perugachi- ya calificó el pedido y se espera el llamado a una audiencia preliminar.
El detalle de los rubros ejecutados y devengados se contempla en el informe de la Contraloría (DNA2-0015-2018). El ente de control hizo un examen especial y observó un perjuicio de USD 31,4 millones por los estudios de los diseños, la construcción y la fiscalización.
El equipo de auditores, además, constató que los cinco edificios están deshabitados por el peligro, que podrían correr sus ocupantes.
La constructora recalcó que dieron las alertas necesarias para evitar estos problemas. No fueron tomadas en cuenta. Así que hicieron lo que estaba contemplado en los diseños, dijoel Gerente. Esto, también, lo avalaron los representantes coreanos de la constructora: Ha Ar Roo Jang, presidente ejecutivo, y Chang Hyung Kim, gerente de operaciones.
Para ellos, la firma realizó todos los procesos indicados e, incluso, presentaron una propuesta de diseño basada en una ciudad tecnológica de Corea. Fueron descartados.
El documento fue enviado a la Fiscalía para abrir una investigación y determinar responsabilidades.
