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Chats y brigadas, opciones de los barrios de Quito

En El Inca, al norte de Quito, se pueden leer carteles donde se advierte que los vecinos están organizados en contra de la delincuencia. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO.

La leyenda de “ladrón cogido será quemado” es cada vez más recurrente en los barrios de Quito. Así se advierte a los malhechores que entran a un barrio organizado contra la delincuencia.  De acuerdo con el ECU 911, hasta julio de este 2022 las parroquias con mayor número de reporte de delitos son Calderón (1 506), Iñaquito (1 116) y Quitumbe (1 061).

Para Manuel Ruchi, dirigente de Nuevos Horizontes en Quitumbe, los robos son una historia de nunca acabar. En este momento se está organizando con los vecinos para crear brigadas de seguridad y chats comunitarios. También tienen el proyecto de colocar cámaras porque “no se puede esperar que las autoridades nos ayuden”. 

Guido Núñez, director de Seguridad del Municipio, confirma que la intención es formar un comité en cada barrio. Actualmente, hay 192 y ya se trabaja en formar un Consejo Zonal de Seguridad.  Cada uno está conformado por siete miembros de la comunidad que son capacitados por la Secretaría para que trabajen por la paz a través de actividades preventivas y de apropiación del espacio público. 

Ruchi explica que en su sector muchos han advertido aplicar la justicia por mano propia. “El día que encontremos (delincuentes) aquí no avisamos a la Policía. Echamos gasolina y fuera”, dicen.  Linchamientos, quema y hasta la muerte de presuntos delincuentes pueden terminar en un proceso legal contra miembros de barrios porque el concepto no es reconocido por la norma ordinaria. 

Según el jurista Paúl Ocaña, hay que establecer las diferencias entre la legítima defensa y el ajusticiamiento. Este último puede significar cárcel para quien lesione o mate a otra persona, aun cuando se trate de un criminal atrapado en delito flagrante. 

En Quito se han denunciado

7 600 robos en lo que va del 2022, según la Fiscalía. De estos, solo 407 han sido flagrantes.  “No podemos atacar o matar a otro porque ha cometido un delito; sería una barbarie”, reflexiona Ocaña y señala tres escenarios posibles. 
Si el atacado resulta con lesiones menores a tres días de incapacidad, se trata de una contravención con una pena de hasta 30 días de prisión. Si supera los ocho días, la persona puede ir entre 30 y 60 días a la cárcel.

Finalmente, si las heridas provocan una incapacidad de más de un mes, la sanción puede ser hasta un año detenido. 
Para Patricio Camacho, presidente de Marianita de Jesús, en Calderón, el ajusticiamiento no es una opción. A pesar de esto, reconoce que la gente está molesta y buscan agredir a los malhechores.  Relata que es la misma Policía del sector la que ha dicho a la comunidad que un robo de menos de USD 200 no es un delito.

Por eso algunos optan por apersonarse de la situación y “desquitarse” de alguna manera. La ley no especifica un valor para calificar el delito de robo, sino la modalidad. Los niveles de violencia son cada vez más altos y así será la respuesta de la comunidad”, lamenta el dirigente.

En el lado opuesto está Daniel Anaguano, presidente del GAD de Nayón. Tras el linchamiento a un presunto delincuente el 17 de septiembre, alerta que la comunidad no está dispuesta a ser víctima del hampa: “No vamos a dar nuestro brazo a torcer en la intención de vivir seguros” y señala que puede tener consecuencias graves para los delincuentes.