En cárceles faltan 10 000 celadores y más equipamiento
Dos guías penitenciarios del Grupo Especial Alpha (GEA) trasladan a un detenido. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO
Los problemas que afectan a las cárceles también topan a los guías penitenciarios. Ellos hablan de la falta de uniformes, de chalecos, de toletes, gas pimienta, vehículos y armas de fuego que son usados para trasladar a los presos a las diligencias judiciales. Pero también aseguran que requieren más personal para los 36 centros del país.
Estos detalles fueron entregados en un escrito que los celadores del denominado Grupo Alpha de Quito entregaron al director de Rehabilitación, Ernesto Pazmiño.
Actualmente, 1 550 agentes penitenciarios trabajan en el país, pero existen 39 550 presos. La norma internacional recomienda tener uno para cada 10 detenidos, aunque las cifras oficiales señalan que hay un promedio de uno para 30. Entonces, las autoridades dicen que se requiere al menos
10 000 uniformados más.
Sin embargo, en el Centro de Detención Provisional (CDP) de Quito trabajan 63 carceleros y custodian a 1 785 presos. Eso significa que uno vigila a 85. “En ocasiones arriesgamos nuestra vida; ya hubo un caso en que incluso secuestraron a nuestros compañeros”, dice uno de los uniformados.
Eso ocurrió con un guía penitenciario que pide que solo lo llamen Rodrigo. En junio del año pasado fue plagiado en la cárcel de Latacunga.
Recuerda que todo ocurrió en el pabellón de máxima seguridad, en donde están personas que cumplen penas por asesinato, narcotráfico, violación, femicidios, etc.
Según el guía, al mediodía apareció un grupo de 15 encapuchados que lo acorralaron en una esquina y le pidieron las llaves de las celdas. “Me tomaron por el cuello y me llevaron al cuarto de descanso para coger el llavero”.
Lo mismo hicieron con dos agentes más que se encontraban en otros pabellones de máxima seguridad.
Los tres fueron encerrados en una celda y Rodrigo advierte que desde ahí vieron cómo rompían las ventanas, destruían las puertas y se robaban los alimentos de la cocina. Pasaron aislados dos horas hasta que otros compañeros ingresaron al pabellón y controlaron el altercado.
Rodrigo recuerda que no tenían gas pimienta, pistolas eléctricas o toletes. Mientras que los presos estaban armados con machetes y cuchillos elaborados por ellos mismos.
La Dirección de Rehabilitación asegura que se solventan todos los problemas y que se aumentará personal.
Para eso se establecerá un centro de formación y la carrera penitenciaria. La escuela de los Tres Cerritos fue cerrada en 2017 y desde allí no se ha reclutado a nadie.
En el desaparecido Ministerio de Justicia había información que demostraba que el déficit de cuidadores impide realizar controles adecuados en las entradas, no se puede frenar las riñas entre detenidos ni disputas entre mafias que operan dentro de los reclusorios.
Información de esa extinta entidad señala que 23 grupos delictivos operan desde el interior de los centros penitenciarios.
De hecho, en febrero pasado se difundió un video en el que se ve cómo un preso asesina a un expolicía detenido. Cerca de esa escena aparece un guía, pero se retira, porque no tenía ni chaleco antibalas.
El personal dice que es difícil trabajar en las actuales condiciones y pide que se les dote incluso de ese dispositivo de seguridad. Los trabajadores aseguran que una parte de este material fue donado por la Policía en 2016. La última dotación data del 2010.
A Pazmiño se le preguntó del tema y dice que se realizan todos los trámites para entregar el equipamiento necesario. Por ahora se trabaja en una posible declaratoria de emergencia para todo el Sistema de Rehabilitación.
La idea es enfrentar los temas de corrupción, inseguridad y violencia carcelaria.
Julio Ballesteros, subdirector de Rehabilitación Social, indicó a este Diario que en 15 días está previsto presentar al presidente Lenín Moreno un informe donde se detallen las condiciones y problemas actuales y un plan de acciones para que el Ejecutivo declare la emergencia.
Pazmiño asegura que así se garantizará la seguridad interna y externa de todas las cárceles del país.
Con la declaratoria también se espera dotar de uniformes a los carceleros. Un agente que lleva siete años en el puesto dice que el pantalón, camisa tipo militar y botas fueron comprados por él. “No es posible que tengamos un solo uniforme por tantos años. Por eso tocó invertir de nuestros bolsillos”.
Advierte que la última vez que él y sus compañeros recibieron la vestimenta fue en el año 2013.
En esa ocasión les dieron dos uniformes que duraron dos años. Asegura que desde entonces no se les ha dotado de más equipamiento.
Otro problema en los centros de internamiento es la falta de vehículos para trasladar a los presos a las diligencias.
Por ejemplo, los miembros del Grupo Especial Alpha de Quito solo tienen cuatro autos y necesitan al menos 10.
