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Bandas fijaron traslados antes del caos

El lunes 3 y martes 4 de octubre se registraron nuevos enfrentamientos en la Cárcel de Cotopaxi. Foto: EL COMERCIO.

Nueve meses. Ese es el tiempo que llevaban esperando decenas de detenidos de la cárcel de Cotopaxi para ser trasladados a otras prisiones. Las trabas para mover a los internos eran múltiples. Abogados penalistas, que se dedican a esta actividad, cuentan que les exigían informes psicológicos y médicos, reportes de conducta y hasta declaraciones juramentadas para constatar que las familias de los internos vivían en otras ciudades. 

Incluso, cuando los traslados se aprobaban, “las autoridades de la cárcel nos decían que no había recursos para la gasolina ni viáticos para los guías. Y por eso la gente no era trasladada”, cuenta un jurista cuya identidad ha sido omitida por seguridad.  

Por eso entre los abogados hubo sorpresa cuando, hace dos días, el Servicio de Personas Privadas de Libertad (SNAI) ejecutó de una sola vez el movimiento de 135 presos de esa cárcel. No dio detalles del protocolo que siguió para sustentar los movimientos, ni los nombres de los beneficiarios.

Tampoco reveló a qué cárceles fueron llevados. Lo que sí señalaron fue que se hizo “por medidas de seguridad con la voluntad y conocimiento de los privados de libertad”. Un funcionario del SNAI detalló a las familias que los traslados se dieron con base en “donde ellos (los detenidos) dijeron que podrían estar más seguros”. 

Esto último generó alerta en agentes de inteligencia de la Policía. Los uniformados dicen que las mafias aprovechan estos momentos para enviar a miembros de sus bandas y expandir o retomar el control de otras cárceles. De esto también conocen los abogados que defienden a detenidos en Latacunga. Los juristas señalan que antes de la masacre recibieron comunicaciones de internos, donde les indicaban que iban a ser enviados a otras cárceles.

“Un cliente me dijo dos semanas antes que iba a Riobamba, porque el jefe de la banda le mandaba a tomar el control de ese centro”. A otro jurista sus defendidos también le dijeron algo similar. “Doctor, no se preocupe; ya mi comandante me manda a Guayaquil. Ellos me gestionaron el traslado”.

Todo esto coincide con los anuncios oficiales de que las últimas masacres en Cotopaxi y Guayas fueron por disputas entre mafias. Este Diario conoció por fuentes policiales que los 135 internos fueron trasladados a Manabí, Esmeraldas, Quito y Guayaquil.

De hecho, en esta última ciudad hasta el jueves 6 de octubre se contabilizaron 13 asesinatos más de privados de libertad. Una de las hipótesis que maneja la Policía es que los ataques responden a una reacción a los traslados de Cotopaxi. Para Daniel Pontón, experto en temas de seguridad pública, estos movimientos de presos sin mayor sustento han sido una constante por parte del SNAI.

“El Estado está a merced de las bandas. Son ellos los que deciden adónde quieren ir. No existe un proceso de segmentación en las cárceles”, señala.  Pontón también advierte que las últimas masacres se han originado por estos mismos hechos.

En la prisión de Santo Domingo, por ejemplo, este 2022 hubo 57 muertes. El propio SNAI, después de las masacres, indicó que 124 presos de Azuay fueron trasladados a esa cárcel antes de las matanzas. En esas transferencias estaban involucrados tres jueces.  

Organismos de derechos humanos, como la Fundación Inccadi, también han cuestionado la política de traslados sin sustentos. Este organismo ha denunciado que existen redes de extorsión y corrupción detrás de estos trámites y señalan que esto se ha recrudecido en el Gobierno actual.  

Los datos de las muertes en las prisiones también lo confirman. Según los datos oficiales del SNAI, en el período de gobierno del presidente Guillermo Lasso han existido 351 asesinatos en el país. En cambio, entre 2019 y mayo de 2021, hubo 161. 

Otro de los problemas que ha enfrentado este Gobierno ha sido la inestabilidad en el SNAI. Hasta la tarde del jueves 6 de octubre no se conocía aún quién asumirá la dirección de ese ente. El general de la Policía Pablo Ramírez salió del cargo, tras los crímenes en Cotopaxi. Él fue el quinto funcionario en dirigir esa entidad en este Gobierno.  

Control de mafias en cárceles

Las últimas masacres en los centros penitenciarios revelan que las mafias no han perdido su poder dentro de las celdas. Hasta el jueves, en Cotopaxi, las bandas delictivas no dejaban ingresar a la Policía a los pabellones. Otros empezaron a cobrar USD 5 a cada privado de libertad para entregarles una ración de alimentos.  

En Guayaquil sucedía algo similar. Las bandas se apoderaron de accesos y pasillos para evitar el ingreso de uniformados. Los agentes tuvieron que ingresar con armas para recuperar los cuerpos de los presos asesinados entre el pasado martes y miércoles.


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