24 de septiembre de 2019 00:00

Los balances de las petroleras estatales arrastran falencias

Petroecuador no incluyó en su balance el costo de desmantelamiento de instalaciones. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

Petroecuador no incluyó en su balance el costo de desmantelamiento de instalaciones. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

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Mayra Pacheco
Redactora (I)
mpacheco@elcomercio.com

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Las cuentas financieras de Petroecuador y de Petroamazonas son el punto débil de ambas petroleras estatales. De los cuatro últimos informes auditados por firmas especializadas, contratadas por la Contraloría General del Estado (CGE), ninguno fue validado de manera favorable.

El pronunciamiento de los auditores en estos años ha sido adverso, o tiene abstención (ver gráfico). Esto significa que la información de los balances financieros no se encuentra sustentada de manera apropiada, refirió Andrés Rosero, presidente del Colegio de Contadores y Auditores del Ecuador.

Esto evidencia que estas empresas públicas, que son de todos los ecuatorianos, no tienen la “casa en orden” y por eso no se conoce con precisión qué está pasando, añade Ramiro Crespo, analista económico.

En el caso de Petroecuador, encargada de transportar, refinar y comercializar crudo y sus derivados, los auditores advirtieron, en el último balance auditado del 2016, que de las 78 cuentas corrientes entre bancos locales y del exterior, solo tres confirmaron los saldos disponibles de la empresa. Así se determinó que se contaba con USD 120,6 millones, apenas un 19% de los USD 635,4 millones que registró la petrolera en sus cuentas.

Otro de los hallazgos fue que esta empresa no consideró en ese balance los recursos para las posibles indemnizaciones que debería asumir al estar involucrada en 1 400 juicios. Estos representan una cuantía de USD 11 308,9 millones.

Los balances de las petroleras estatales arrastran falencias

Similar observación se hizo en las provisiones que se deben reservar para el pago de beneficios a los empleados por jubilación patronal, desahucio e indemnización por retiro voluntario. Aunque la normativa nacional e internacional establece la obligación de contar con estos montos, la estatal no incluyó este rubro.

Petroecuador tampoco estimó de manera técnica los recursos que se requerirían para un eventual retiro de sus instalaciones como refinerías, estaciones de bombeo, terminales del poliducto y del oleoducto. Esto, según los auditores, es un requerimiento que establecen las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), en empresas de esta naturaleza.

Las NIC son una serie de parámetros fijados para elaborar balances financieros, que son aceptados en la mayoría de países. Estas son parte de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), explicó el Colegio de Contadores y Auditores del Ecuador.

Estas normativas deben ser aplicadas por las empresas públicas, según la Ley que rige para estas compañías, desde el 2009, precisó Crespo.

Pese a esta disposición, en el último balance auditado de Petroamazonas del 2016, al igual que el de Petroecuador, se identificó que no se aplicaron las normas internacionales.

Petroamazonas no consideró provisiones por la liquidación de la empresa Río Napo. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

Petroamazonas no consideró provisiones por la liquidación de la empresa Río Napo. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

En las cuentas de Petroamazonas, que tiene a su cargo la exploración, la explotación y la producción de crudo, se identificaron falencias en el momento de registrar USD 527 millones para un eventual desmantelamiento, retiro y rehabilitación de sus instalaciones. Es decir, no se evidenciaron criterios técnicos, como señalan las NIC.

A esto se suma que la empresa mixta venezolana Petronado SA no contestó a una solicitud de confirmación referente a las acciones que Petroamazonas mantiene en esa compañía. Esto dificultó tener certeza sobre USD 97 078 reflejados en los estados financieros.

Además, esta petrolera estatal no incluyó en sus estados los posibles gastos que debería asumir, tras la liquidación de la empresa mixta Río Napo, en la que tiene un 70% de la participación accionaria.

Debido a este manejo de cuentas financieras, el Gobierno actual dispuso a las empresas públicas elaborar sus balances considerando las NIIF. Con esto se busca transparentar la información financiera de las firmas estatales, para que en el futuro puedan ser concesionadas o coticen en la Bolsa de Valores.

Tener las cuentas bajo estos parámetros permite tener datos exactos de la situación de la empresa. “Esto contribuye a ser precisos en la toma de decisiones”, enfatizó Rosero.

Para llegar a esta meta, Petroecuador ya aplica estas regulaciones internacionales para la presentación de la nueva información financiera. En esta no se incluyen las cuentas del 2017, porque se encuentran en proceso revisión de los auditores, contratados por la Contraloría.

Petroecuador informó que trabaja las cuentas del 2018 bajo los criterios de estas normas. Esto también se aplicará con las del 2019. Además, la firma estatal argumentó que la manera de presentar los balances anteriores se debe a la corrupción observada durante el Gobierno anterior.

Esta firma estatal espera entregar los estados financieros al 31 de diciembre de este año, en el primer cuatrimestre del 2020, los cuales estarán bajo la norma internacional.

Para lograr este propósito, la entidad ha asumido “el reto” de capacitar al personal y cumplir con el cronograma propuesto para la implementación de las NIIF. Esto incluye cambios en las políticas y procedimientos contables, así como en los procesos de valoración de las diferentes cuentas.

Petroamazonas
refirió también que está en proceso de implementación de las NIIF.

Esta última firma precisó que cuenta con los estados actualizados hasta diciembre del 2018; y de forma mensual hasta el 31 de julio del presente año. Mientras tanto, el balance del 2017 se encuentra actualmente en proceso de auditoría; para el del 2018 ya se ha solicitado a la Contraloría que ejecute el proceso correspondiente.

Según la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, esta entidad es la encargada de contratar una empresa privada auditora para evaluar estos balances cada año.

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