La Comisión de Desarrollo Económico aprobó este lunes, 15 de junio del 2020, el informe sobre las 32 objeciones que fueron presentadas por el Ejecutivo a la Ley de Apoyo Humanitario. Foto: Twitter Asamblea Nacional
Con ocho votos a favor de entre 13 de sus integrantes, la Comisión de Desarrollo Económico aprobó este lunes, 15 de junio del 2020, el informe sobre las 32 objeciones que fueron presentadas por el Ejecutivo a la Ley de Apoyo Humanitario.
El documento, que no tiene el carácter de vinculante para el Pleno de la Asamblea, sugirió allanarse a 22 de las observaciones del presidente Lenín Moreno y ratificarse en nueve artículos inicialmente aprobados por la Asamblea.
Los votos a favor provinieron de asambleístas de Alianza País (AP), Creo e independencias. Mientras que asambleístas del Partido Social Cristiano, Suma y el correísmo se abstuvieron; además, una de las integrantes de esta bancada no participó en la votación.
Una de las observaciones que mayor controversia generó en la Comisión se relaciona con el artículo 18. El texto tiene que ver con las condiciones mínimas para la validez de los acuerdos entre empresarios y trabajadores, respecto a las medidas emergentes como la reducción de la jornada laboral hasta el 50%.
Con el veto, el Ejecutivo planteó que “en los casos en que la suscripción del acuerdo sea imprescindible para la subsistencia de la empresa y no se logre un consenso entre las partes, el empleador podrá iniciar de inmediato el proceso de liquidación”.
El presidente de la Comisión, Esteban Albornoz (AP-aliados), y otros tres asambleístas del oficialismo, además de un independiente, recomendaron que se ratifique en el texto inicialmente aprobado por la Asamblea, que no contempla esa posibilidad.
Sin embargo, los tres asambleístas del correísmo, uno del Partido Social Cristiano (PS) y Suma se abstuvieron. Solo tres integrantes de la mesa se allanaron. Pese a que se dieron dos votaciones, no hubo los votos (7) para una decisión.
Mariano Zambrano Vera (AP-aliados) sostuvo que tal como sugiere el Ejecutivo se podría dar lugar a “abusos” por parte de empresas para evitar el pago de la indemnización que corresponde a los trabajadores por despido intempestivo.
Albornoz señaló que si en el Pleno tampoco hay los consensos el tema podría entrar en vigencia por el Ministerio de la Ley, después de que el 9 de julio se cumpla los 30 días que tiene la Asamblea para pronunciarse.
Entre los 22 artículos que la Comisión sugiere allanarse al veto presidencial está el numeral 5, el cual permitirá acceder a un descuento de hasta el 25% en las pensiones educativas a los padres de familia que justifiquen que perdieron el empleo o que sus salarios fueron reducidos por la crisis.
Ratificaciones
En cambio, en las nueve que sugiere ratificarse en el texto inicialmente aprobado por la Asamblea la más importante es la disposición interpretativa al numeral 6 del artículo 169, del Código del Trabajo.
La Comisión recomienda insistir para que el despido del trabajador por caso fortuito o fuerza mayor esté ligado al cierre total de la empresa, y no dar paso a la propuesta de Carondelet, que propone que esto también se aplique en caso de que el contrato se vuelva inejecutable.
Ocho asambleístas del oficialismo y el correísmo plantearon, asimismo, que la Asamblea se ratifique en el artículo 15 del proyecto para que exista una lista oficial de precios de productos de consumo popular y no solamente controles, como planteó el Ejecutivo.
El independiente Fernando Burbano consideró que la lista de precios no solo beneficiaría a los consumidores, sino que garantizará “mejores condiciones para que los productores puedan negociar”. Pero Fernando Callejas (Creo) se opuso al considerar que esa disposición “promoverá la corrupción” y consideró que el “mercado se regulará por sí solo”.
Además, la Comisión sugirió ratificarse en el artículo cinco para prohibir el incremento del costo de los servicios básicos (incluida la telefonía) hasta por un año y no seis meses como planteó el Ejecutivo.
La oficialista Elizabeth Cabezas recordó que para que la Asamblea pueda insistir en estos textos se necesitarán 91 votos en el Pleno, algo que ve difícil por la fragmentada composición de las bancadas. De hecho, los correístas y el PSC se abstuvieron de aprobar el informe en la Comisión.