Imagen referencial. El secretario ejecutivo de la Corporación para la calidad de la educación, Vinicio Aldaz, asegura que en la gran mayoría de planteles ya han aplicado descuentos en las pensiones escolares. Foto: Pixnio
El pasado martes 9 de junio del 2020, el Ejecutivo remitió al Legislativo el veto parcial al proyecto de Ley Humanitaria. Entre otros puntos establece que los planteles particulares deben otorgar rebajas de hasta el 25% en las pensiones mensuales. Esto siempre que los padres de familia justifiquen que han perdido su empleo o que enfrentan una disminución en sus ingresos.
Además se señala que de forma excepcional se entregarán compensaciones económicas a las instituciones. Pero Finanzas no ha aclarado cómo funcionaría este subsidio.
Según voceros de colegios particulares, esta medida no es nueva. Lo asegura Vinicio Aldaz, secretario ejecutivo de la Corporación para la calidad de la educación (Corpeducar). En la gran mayoría de planteles, recalca, ya han aplicado descuentos.
Además -señala Aldaz- mantienen más del 5% de becas, pese a tener hasta un 35% de cartera vencida (por pensiones mensuales no pagadas). “Los colegios están haciendo esfuerzos para mantenerse”, asegura.
En un colegio particular de Tumbaco, el 35% de los 500 alumnos mantienen retrasos en las pensiones. Y se prevé que el próximo ciclo escolar, 2020-2021, que comenzará en septiembre, el 20% se retire, contó el rector de la institución, que pidió la reserva de su nombre.
Por la emergencia sanitaria, precisó el rector, están otorgando ayudas financieras en diferentes porcentajes, de acuerdo a las situaciones debidamente documentadas, de cada familia.
Padres de familia de un colegio del noroccidente de Quito enviaron una misiva para solicitar rebaja en la pensión. A Laura (nombre protegido) le pidieron respaldos, que no pudo presentar. El ingreso de su familia -asegura- se obtiene gracias al bus escolar de su esposo, que está parado por la emergencia.
Los padres recibieron un escrito en el que se indica que el colegio no está en capacidad de aplicar descuentos.
“Los mayores costos en la gestión educativa son los de recursos humanos. No hemos bajado el sueldo ni despedido a ni uno solo de nuestros colaboradores”, se lee en el documento.
En este también se indica que se procesaron 85 solicitudes y se recuerda que se han mantenido las clases virtuales.
Su hija de primero de básica -dice Laura- tiene una hora diaria de clases. El plantel le dio la opción de pagar la pensión de abril y la mitad de mayo, hasta julio. Y puede diferir la diferencia a cinco meses.
En el veto presidencial también se precisa que, de haber incumplimiento de pago de hasta seis meses, se garantizará un cupo en el sistema fiscal.
Esto -dice el representante de Corpeducar- compromete a los planteles particulares, si los alumnos se cambian masivamente. “10% de estudiantes particulares se están cambiando al sistema fiscal, según la propia ministra Creamer”.
En la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe (LOEI), vigente desde el 2011, ya se establece que quienes estudian en planteles particulares y no logran pagar las pensiones no perderán el derecho a dar exámenes y no podrán ser retirados de las clases.
Al momento -según Aldaz, del gremio de planteles particulares Corpeducar- calculan el personal que necesitarán el próximo ciclo para hacer reajustes. Tras varias asambleas, la próxima semana -precisó- sabrán cuántos colegios tendrán que cerrar sus puertas en Pichincha por la crisis económica.