3 de mayo de 2020 00:00

Aportes y medidas frente a crisis han sido constantes en 40 años en Ecuador

El cantón Portoviejo fue uno de los más afectados por las inundaciones durante el Fenómeno de El Niño, en 1998. Foto: Archivo EL COMERCIO

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Xavier Basantes
Macroeditor (I)

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En las últimas cuatro décadas, desde que el país retornó a la democracia, emergencias, catástrofes, hechos de conmoción nacional y ‘shocks’ externos han obligado a aplicar medidas para evitar el colapso económico. En ese contexto, los gobiernos de turno han tomado decisiones de índole monetaria, cambiaria, fiscal, tributaria, y han acudido al endeudamiento externo y a la contribución ciudadana.

Hasta antes de la dolarización (2000), las autoridades echaban mano de la devaluación del sucre y al alza de pasajes y de precios de los combustibles, como acciones rápidas para obtener ingresos.

Asimismo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) se ha constituido en la principal fuente de recursos y a partir de los acuerdos suscritos con ese organismo se han obtenido más créditos de multilaterales, como el Banco Interamericano de Desarrollo o en su momento la Corporación Andina de Fomento, hoy Banco de Desarrollo de América Latina CAF. Eso se refleja en que desde 1983, con Osvaldo Hurtado, hasta el 2019, con Lenín Moreno, Ecuador ha suscrito 10 acuerdos con el FMI, aunque no en todos se llegaron a cumplir los compromisos.

Entre los acontecimientos que más han afectado a la economía en los últimos 40 años están la guerra de Paquisha, los fenómenos de El Niño, crisis de la deuda externa, la rotura del oleoducto a causa de dos terremotos, guerra del Cenepa, terremoto de Pedernales y hoy, la crisis por el covid-19. También, el deslave de La Josefina o el ‘crack’ bancario que dio paso a la pérdida del sucre.

Pero el país también ha asimilado los efectos de ‘shocks’ externos: la crisis mexicana a inicios de los ochenta o la crisis ‘subprime’ del 2008-2009.

La historia reciente en Ecuador da cuenta de 101 decretos de estados de excepción o su renovación suscritos desde el 2007 hasta el 2019. La mayoría de estos (89), los firmó Rafael Correa en sus tres periodos.

La actual Constitución (arts. 164, 165 y 166) determina que el Jefe de Estado puede decretar estado de excepción en caso de agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural.

Guerra de Paquisha

El presidente Jaime Roldós declaró al país en estado de emergencia y llamó “a defender con nuestra sangre el territorio nacional”. En enero de 1981, Ecuador y Perú se enfrentaron durante una semana en la Cordillera del Cóndor. El 5 de febrero se retomó la paz. Entre las medidas adoptadas por el Gobierno estuvo el alza de 4 a 14 sucres el galón de gasolina: el 350%. Además, se aplicaron recortes en el gasto público, hubo reestructuración de partidas dentro del presupuesto. El precio promedio del crudo en ese año se ubicó en USD 34.

Crisis de la deuda y sucretización

Hasta 1982, Ecuador había acumulado gran endeudamiento por los créditos obtenidos en el ‘boom’ petrolero en los setenta, a eso se sumó una crisis en la región, la guerra y las pérdidas por El Niño. Con Osvaldo Hurtado en la Presidencia, la Junta Monetaria devaluó en 20% el sucre y asumió la deuda de empresas privadas por USD 1 300 millones. En 1983 se sucretizaron esas obligaciones y se avanzó en el primer acuerdo con el FMI. Ante la crisis, elevó los pasajes y las tarifas de servicios y subió los combustibles (entre 60 y 90%).

Terremotos y rotura del Sote

La caída del precio del crudo a USD 12 en 1986 puso al gobierno de León Febres Cordero en serios problemas fiscales. En enero de 1987 se dejó de pagar la deuda externa y el 5 de marzo sucedieron dos terremotos, cuyo epicentro se ubicó junto al volcán Reventador. El saldo fue de 1 000 muertos y daños materiales por USD 1 000 millones. Además, 70 km del Sote se destruyeron y se bloqueó la exportación de petróleo por cinco meses. Ante ello, el Gobierno acudió tres veces al FMI, elevó los precios de los pasajes y de los combustibles.

Fenómenos de El Niño

En los últimos 40 años, al menos en tres ocasiones El Niño (1982-1983, 1998 y 2002) ha dejado millonarias pérdidas. A inicios de los ochenta, los daños ocasionados por las inundaciones ascendieron a USD 3 000 millones, que se financiaron con la eliminación de subsidios, reajustes presupuestarios, créditos y contribuciones. En 1998, las pérdidas se calcularon en 2 000 millones. Jamil Mahuad optó por eliminar subsidios al gas, energía y diésel; subió los pasajes y la gasolina extra, devaluó el sucre y aplicó impuestos a los autos de lujo.

Deslave en La Josefina

Entre los mecanismos que aplicó el gobierno de Sixto Durán Ballén, para atender los gastos que se generaron por este conflicto con el Perú en 1995, impulsó la aprobación de un impuesto del 2% al rodaje (vehículos) y la entrega de dos días de salarios de los trabajadores públicos y privados. También, envió una reforma al Congreso para aprobar la eliminación de exoneraciones al impuesto al valor agregado (IVA), entre otras medidas. Todo ello con el objetivo de financiar el costo de una guerra que ascendió al menos a USD 300 millones.

Terremoto de Pedernales

En el 2016, el gobierno de Rafael Correa pidió una contribución especial para subsanar los estragos económicos del terremoto de Pedernales, que dejó más de 600 muertos, y así obtener unos USD 1 600 millones. Entre las medidas adoptadas estuvieron el incremento del IVA del 12 al 14%, durante un año; además, aportes de días de sueldo a partir de los USD 1 000; una contribución por una sola vez del 3% adicional sobre utilidades y una contribución del 0,9% para personas naturales cuyo patrimonio sea mayor a USD 1 millón.

Crisis por la pandemia del covid-19

El proyecto de Ley Humanitaria que el Ejecutivo envió el 16 de abril del 2020 al Legislativo busca incrementar los ingresos del Fisco para atender la emergencia por el covid-19. La caída de la actividad económica, la merma en las exportaciones y el limitado acceso a financiamiento afectaron al Presupuesto 2020. Tras el envío del texto, el Gobierno espera que la Asamblea dé luz verde para la creación de nuevas contribuciones temporales para empresas y personas naturales. Con esto, el Fisco proyecta recaudar USD 1 418 millones.

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