La directora del servicio Nacional de Aduanas, María Alejandra Muñoz, compareció este 15 de julio del 2020 ante la Asamblea Nacional. Foto: Archivo/ EL COMERCIO.
“No se puede tratar a una persona con discapacidad como sospechosa de un delito”. Así respondió la directora del servicio Nacional de Aduanas, María Alejandra Muñoz, durante una comparecencia en la Asamblea.
La funcionaria aseguró hoy, miércoles 15 de julio del 2020, que esta entidad alertó hace un año al Ministerio de Salud sobre un incremento inusual en la importación de vehículos por parte de quienes cuentan con un carné de discapacidad.
Muñoz refirió que esta situación se detectó en julio de 2019, cuando la cantidad de trámites rebasó a los 1 639 que se dieron en 2018. Al cierre del año pasado, la cifra llegó a 4 430 en total.
El dato sorprendió a los asambleístas de la Comisión de Salud del Parlamento, en donde arrancó un proceso de fiscalización frente a las denuncias de un uso indebido de estos documentos.
Muñoz matizó que a la Aduana no le corresponde verificar la validez de los carnés, pues debe respetar principios como el de legitimidad. El ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, también debía comparecer a la Comisión, pero se excusó.
La funcionaria agregó que en diciembre del 2019 se pidió la auditoría de 7 959 adquisiciones. En este proceso se detectó que de 125 que todavía están en trámite, en 24 se usaron carnés que fueron obtenidos de forma irregular y no contaban con los respaldos.
Además, reveló que en los dos últimos años la Aduana ha presentado 49 denuncias por defraudación tributaria y solicitud de aprehensión de vehículos, tras detectar que empresas domiciliadas en Miami relacionadas con personas naturales en Ecuador subvaloraban facturas.
Según Muñoz, solo entre 2018 y 2019 fueron importados 6 069 vehículos para personas que cuentan con un carné de discapacidad (5% de ellos de alta gama), lo que representa USD 66,21 millones en la exoneración de pago de aranceles.
En referencia a los 3 000 carnés que fueron emitidos durante la pandemia, la funcionaria comentó que 22 usuarios hicieron solicitudes electrónicas a la Aduana para el ingreso de vehículos. 3 de 5 carros importados siguen en la aduana, y 2 tienen la salida autorizada y está presentada la denuncia, agregó.
La noche del martes pasado, por unanimidad el Pleno de la Asamblea aprobó una resolución en la que se contempla investigar a los asambleístas y sus cónyuges desde el 2013, cuando el Ministerio de Salud asumió la competencia de otorgar estos carnés.
La resolución planteó también que acudan ante la Comisión las máximas autoridades del Servicio de Rentas Internas, Registro Civil, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y Consejo Nacional para la Igualdad Discapacidades para que, en el marco de sus competencias, expliquen sobre la importación de autos, registro nacional de personas con discapacidad, incremento de solicitudes para jubilaciones adelantadas en 1 200 %, con el presunto uso fraudulento de carnés de discapacidad, entre otros temas.