Una jueza de la Unidad Judicial Multicompetente de Samborondón dictó prisión preventiva para tres de los cuatro detenidos en el operativo “Pez Blanco”. Este hecho se conoció este jueves 28 de julio de 2022.
Además, Fiscalía les formuló cargos a esas cuatro personas por el presunto delito de lavado de activos. El Código Orgánico Integral Penal (COIP), en el artículo 317, establece una pena de 1 a 13 años de cárcel por ese ilícito.
Según las investigaciones, los cuatro imputados estarían relacionados con el delito de lavado de activos producto del narcotráfico. De hecho, las pesquisas señalan que esta red delictiva estaba encabezada por un hombre que tiene una sentencia de 42 meses por narcotráfico en Holanda.
Los cuatro procesados fueron detenidos el 26 de julio de 2022 durante cinco allanamientos en Samborondón y Daule.
Durante esas intervenciones, personal de la Fiscalía y Policía se incautaron de libretas de ahorros, estados de cuenta, reportes de actividades, pasaportes, celulares, computadores y USD 431 420 en efectivo, en billetes de denominaciones de 20 y de 100.
Todos esos indicios recabados en los operativos fueron presentados en la audiencia de formulación de cargos. La instrucción fiscal o fase de investigación pública de este caso durará 90 días. En ese tiempo, los agentes investigadores podrán recopilar más evidencias.
Al finalizar esa diligencia, la magistrada ordenó la prisión preventiva para tres procesados. En cambio, para la cuarta persona dispuso que se presente periódicamente ante una autoridad judicial y le prohibió salir del país.
La jueza también dispuso la incautación de bienes inmuebles y dinero por un monto aproximado de USD 1,3 millones. Además de la inmovilización de cuentas.
Durante la investigación previa de este caso se determinó que esta organización delictiva contribuía a compañías inmobiliarias en el Ecuador, para recibir transferencias de dinero a través de otras compañías offshore desde Holanda y Alemania.
De esa forma, los sospechosos compraban bienes inmuebles en Ecuador, integrando en el Sistema Financiero Nacional un valor de USD 1,4 millones para el giro de las actividades económicas de las compañías inmobiliarias.
Es así que, esta organización fue incrementando sustancialmente su patrimonio mediante la adquisición de varios bienes inmuebles en los cantones de Samborondón y Daule.
“Los ahora procesados habrían utilizado la fachada de varias empresas, de las cuales son accionistas y administradores, dedicadas a la actividad de compra-venta de bienes inmuebles en la provincia del Guayas”, indicó la Fiscalía.