La nueva Secretaría de Política Pública Anticorrupción tendrá 10 funcionarios de alto nivel. Este 2022 contará con USD 400 000 de presupuesto y se concentrará en prevención, explica su autoridad, Luis Verdesoto. Tiene 18 facultades, según el decreto de creación.
La última vez que se conformó una Secretaría Anticorrupción fue durante el gobierno de Lenín Moreno: la Comisión de Expertos Internacionales contra la Corrupción, formada con ayuda de Naciones Unidas. No obtuvo resultados.
Su gestión, además, generó conflicto con la Fiscalía General, que cuestionó su interferencia.
Verdesoto llega al puesto después de ser consejero del presidente Lasso para la lucha anticorrupción. Dice que logró hacer lineamientos de la política nacional anticorrupción y terminar una estrategia, ahora en manos del Ejecutivo. Una de las organizaciones crítica con la conformación de este ente es la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA). Su coordinador, Germán Rodas, dice que la nueva entidad no denunciará a su empleador (el Ejecutivo). A continuación, ambas posturas.
Cada organismo público debe saber configurar su lucha
Luis Verdesoto, secretario de Política Pública Anticorrupción.
“Las anteriores secretarías no encontraron con precisión el nicho en el que debe funcionar un ente anticorrupción, con base en la división de competencias del Estado.
El primer nicho es el que tiene relación con lo preventivo. Maneja sus acciones en torno a la fijación de los riesgos de actos corrupción que puedan suceder dentro del Estado y su función es evitar que estos ocurran. El segundo nicho está dentro de la función Ejecutiva. Eso sin quitar que las otras funciones del Estado puedan abordarlas desde las propias estrategias que tengan. El tercer nicho es hacer políticas anticorrupción.
La Secretaría no hace investigación de casos. Eso es potestad de la Fiscalía. Esto implica el conocimiento de los procesos que ya han sido vulnerados por la corrupción o que lo pueden ser, para rectificarlos. Para no repetir lo que pasó con la anterior secretaría hay que reconocer los ámbitos de competencia de cada uno de los entes.
En los grupos de trabajo de las áreas críticas de riesgo podrían salir elementos que configuren un caso. Si eso pasa, se informará y entregará estos a la Fiscalía. Es la entidad encargada de seguir el proceso de investigación.
Realizamos unas encuestas entre los principales organismos públicos y ellos manifiestan que lo principal de la lucha anticorrupción les corresponde a la Contraloría, a la Fiscalía y después a la Presidencia de la República. Ninguno de los tres son elementos que deben considerarse como factores centrales de esa lucha. Esta tiene que ser un acto sobre todo al interno de cada organismo.
Hay que lograr que sean los mismos organismos públicos los que configuren las modalidades de lucha anticorrupción. Por eso nuestra función será elaborar una caja de herramientas que tenga un cumplimiento especificado para cada organismo público.
Las áreas de riesgo sobre la corrupción son el petróleo, las telecomunicaciones, la seguridad social, la obra pública y la contratación minera, el financiamiento interno y externo, y el narcotráfico. Hicimos entrevistas a profundidad en 40 organismos estatales. El Presidente contará con fichas en donde las mismas autoridades identifican sus riesgos.
Sobre los reparos que tiene la Comisión Nacional Anticorrupción sobre la decisión de que el nuevo ente no investigue al empleador, mi especialidad es cumplir con las responsabilidades que tienen que ver con la claridad y absoluta capacidad de entregar todos los elementos que pueda para configurar una investigación”.
El Estado ya tiene entes de control que deben operar
Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción
“Todo organismo anticorrupción que nace en las esferas de Gobierno genera sospechas. No serán capaces de mostrar al país si hubiese o no actos de corruptela en el régimen. No pueden irse contra sus empleadores. La lucha anticorrupción siempre le corresponde a la sociedad civil. Adicionalmente, el Estado ya tiene organismos de control que deberían funcionar con eficacia y sobre todo prontitud antes que con definiciones de carácter general que terminan siendo fórmulas de comportamiento o doctrinas elaboradas artificiosamente. Estas no van a contribuir con una acción inmediata. Lo que se quiere es una sanción a los que han asaltado los recursos el Estado y la búsqueda de los dineros que han sido robados.
Las tareas burocráticas que está asumiendo este organismo seguramente llevarán mucho tiempo hasta que definan conceptos, principios y documentos. Harán talleres y mesas redondas. El país lo que exige es lucha contra la corrupción de forma inmediata. De tal suerte que las tareas que se propone esta Secretaría solo tienen una carga burocrática que contribuirá muy de costado, muy de lado, pero para hacer grandes o definiciones generales que no enfrentan la corruptela de manera urgente. Esta secretaría no tiene nada que ver con lo que el propio Presidente había planteado en campaña electoral. De tal manera que ahí hay una acción que evidencia la ausencia de líneas claras en las tareas anticorrupción. Lo que se le exige al Régimen y a cualquier ciudadano que ejerza la función pública es predicar con el ejemplo.
Nos preocupa el hecho de que, por ejemplo, los mismos proveedores que entregaban insumos médicos con unos nombres y con unos RUC ahora están haciéndolo con otros. Sin embargo, son los mismos grupos. A lo que hay que apuntar es a enfrentar ese conflicto de manera rápida y urgente. Todo lo demás se vuelve teoría. La lucha contra la corrupción no es un asunto de teorizar sino de tener una decisión política rápida frente a estos graves factores que distorsionan el manejo de los recursos y que afectan gravemente la economía del pueblo ecuatoriano.
Por ejemplo, el Sercop se instituyó como una estructura que iba a dar cuenta de los procesos de los concursos. Pero no es cierto. No funciona. Ese es un organismo que ha tapado los concursos. Precisamente en las últimas horas, la Comisión ha entregado en Fiscalía una denuncia que da cuenta que el call center del IESS recibe pagos desde el 2019 con convenios, lo cual es irregular. Ese es un contrato que se acabó”.