La nueva masacre registrada la madrugada del pasado lunes en una cárcel de Ecuador genera reacciones a escala mundial. Amnistía Internacional (AI) señaló este martes 10 de mayo de 2022 que las autoridades deben atender causas estructurales como hacinamiento, corrupción e impunidad a través de una política centrada en Derechos Humanos.
Tras el amotinamiento ocurrido en el Centro de Privación de Libertad de Santo Domingo de los Tsáchilas y que dejó 44 personas fallecidas y 10 heridas, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, considera que estar privado de la libertad en Ecuador se ha convertido casi en una sentencia de muerte.
Según Amnistía, desde diciembre de 2020, al menos 390 personas han sido asesinadas en los presidios de Ecuador. “Los repetidos errores de las autoridades ecuatorianas al lidiar con la crisis en los centros penitenciarios han provocado la muerte de cientos de personas”, sostiene Guevara
La funcionaria dice que las autoridades deben atender, de una vez por todas, las causas estructurales del problema, tal como el hacinamiento, la corrupción y la impunidad, a través de una política penitenciaria integral centrada en los derechos humanos.
“Todas las muertes y violaciones de derechos humanos de personas privadas de su libertad deben ser investigadas exhaustiva, independiente e imparcialmente”, enfatiza.
En respuesta a esta nueva masacre, el presidente Guillermo Lasso anunció el traslado de seis cabecillas de bandas criminales a otros centros penitenciarios. Sin embargo, según Guevara, este tipo de medidas superficiales son insuficientes para cumplir con la obligación principal de las autoridades en este contexto: “proteger la vida y la integridad de miles de personas privadas de la libertad que actualmente se encuentran en riesgo”.
Masacre tras masacre
El 25 de abril de 2022, un enfrentamiento entre bandas criminales en la prisión El Inca, en Quito, dejó 15 personas heridas. El 22 de abril de 2022, otro enfrentamiento en la cárcel Esmeraldas N.º 2, en Esmeraldas, resultó en 12 personas lesionadas.
En febrero de 2022, el presidente Lasso anunció una política pública para la rehabilitación social de los presos, con el apoyo técnico de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU.
Sin embargo, según Amnistía Internacional, esta política aún está lejos de ser una reforma integral del sistema penal y las autoridades aún no han proporcionado los recursos adecuados para implementarla.
En 2021, al menos 316 personas privadas de libertad murieron en enfrentamientos entre bandas rivales registrados en las cárceles. Del total de muertes, 79 ocurrieron el 26 de febrero, 119, el 28 de septiembre y 62, entre el 12 y 13 de noviembre.