La Fundación para el Debido Proceso (DPLF) hizo un llamado al presidente Guillermo Lasso para que respete la independencia judicial. En un comunicado emitido hoy, 3 de mayo del 2022, señala que la solicitud hecha a la Corte Constitucional por problemas de seguridad interna alienta injerencias.
“Manifestamos nuestra preocupación frente a recientes eventos que podrían poner en riesgo la independencia judicial en Ecuador. En especial, la independencia de su Corte Constitucional”, expresa la Fundación en el documento difundido desde Washington, Estados Unidos.
Se trata de una organización regional integrada por profesionales de diversas nacionalidades. Su mandato es promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina.
Su preocupación se debe a la reunión del 24 de abril entre Lasso y los presidentes de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y del Consejo de la Judicatura (CJ). Ahí se evaluaron decisiones jurisdiccionales relacionadas a la concesión de habeas corpus. Se resolvió dirigir una carta a la Corte Constitucional (CC).
Solicitaron que se delimite el alcance del habeas corpus. Que se revierta el precedente jurisprudencial que impide iniciar procesos de prevaricato. También que se restituya a la Judicatura la facultad de actuar de oficio en caso de negligencia manifiesta. Pero el presidente de la CC, Alí Lozada, rechazó esas peticiones y cuestionó la falta de conocimiento de competencias de la CNJ y del CJ.
Llamado sobre independencia judicial
La Fundación respalda a la CC ecuatoriana y reitera que se debe “respetar la independencia de las altas cortes frente a injerencias externas”. También hace “un llamado al Ejecutivo y a todas las entidades involucradas, a respetar la independencia judicial”.
Considera que la convocatoria de Lasso a las instituciones de justicia puede “alentar injerencias indebidas en su independencia interna”. Pues serían incompatibles con las obligaciones internacionales del Estado ecuatoriano, en materia de derechos humanos.
Por otro lado, los pedidos hacia la CC “no solo desconocen el ámbito de sus competencias constitucionales, sino que buscan involucrarla indebidamente como parte activa en la resolución de problemas de seguridad”. Eso corresponde a otros poderes del Estado, estima la organización regional.
Responsabilizar a las altas cortes por “el éxito o fracaso de políticas de seguridad o de otro tipo” fue, en otros países de la región, la “antesala a ataques más graves” que afectaron a la justicia y de la democracia, añade.
La DPLF respalda sus criterios en los principios básicos de Naciones Unidas, en los postulados de la Corte y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la independencia de los entes de justicia de otros poderes estatales.