Hace siete años el discurso de Acuerdo País (transformado en Alianza País) se proclamaba incluyente y privilegiaba la participación ciudadana. Hoy el Gobierno marca distancia a través del Decreto 16. La vigencia de Organizaciones No Gubernamentales, que habían mantenido un pulso firme con el sistema de partidos y el poder político imperantes, habían construido, desde la visión académica, la reflexión social y el trabajo colectivo, puntos de vista diferentes que contribuyeron a la diversidad de ideas.
Como resultado de esa ebullición llegaron al poder con Rafael Correa varios activistas de las ONG. Muchos de ellos tuvieron influencia y su voz contribuyó al proyecto de la Constitución de Montecristi.
El concepto de la participación ciudadana llegó a constituir un lema del Régimen: la Revolución Ciudadana. Se elevó a categoría de función del Estado y allí empezaron los problemas. Esa función fue cooptada por partidarios del Gobierno que no representaron la visión abierta y diversa de la sociedad .
El paso siguiente en este camino de exclusión se mostró fracturado con la decisión política de explotar petróleo en el Parque Nacional Yasuní. El pragmatismo ganaba a la utopía.
Con el Decreto 16, los vínculos entre las ONG y la política han quedado proscritos. La reacción de las ONG fue tibia, de perplejidad. Con el caso Pachamama se advierte el final de un proceso que empezó con apertura y hoy se muestra excluyente.