El Gobierno, a través del Ministerio del Ambiente, cerró la Fundación Pachamama, dedicada a la defensa ambiental e indígena desde hace 16 años.
En junio se firmó el Decreto 16, que despertó malestar en las organización sociales. Prohíbe a las organizaciones ‘desviarse de los fines y objetivos para los cuales fueron constituidas’ o dedicarse a actividades de política partidista (…) que atenten contra la seguridad interna o externa del Estado o que afecten la paz pública. Una de las causales se aplicó para la disolución de la Fundación Pachamama.
Una semana antes, miembros identificados con esa fundación participaron en un acto criticable cuando agredieron al Embajador de Chile en nuestro país, a un empresario bielorruso y a miembros de la Fuerza Pública en la apertura de sobres de la XI Ronda Petrolera. El hecho violento merece rechazo, pero la disolución de la organización no deja de ser preocupante.
El modelo de concentración del poder puede llevar a una sociedad a estar integrada solamente por instituciones y organizaciones sociales que resulten tolerables o funcionales a los gobernantes, y eso es peligroso.
Desde Washington, José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Right Watch, pide al Gobierno revocar su decisión. La entidad considera que el Decreto 16 contraviene derechos fundamentales de libertad de expresión y asociación. El garantismo vuelve a estar a prueba.