Los gobiernos locales se destaparon en una carrera desenfrenada por mostrar sus ‘virtudes’ como ejecutores de obras.
Las pantallas de la televisión aparecen tomadas, inundadas, por ‘spots’ que muestran la obra pública, puentes, carreteras y, de paso, en muchos casos sin nombrarlos, los rostros de alcaldes y prefectos.
La abundante pauta publicitaria es pagada con recursos que salen de los bolsillos de los ciudadanos, ya sea a través del presupuesto provincial o municipal que deriva el Fisco o de las tasas que se cobra por servicios.
Uno de los temores siempre advertidos de la reelección de funcionarios es que se utilice el ejercicio del cargo y los bienes públicos con el fin de favorecer la imagen de líderes locales o nacionales. Mucho se bregó por la urgencia de prohibiciones expresas en el Código de la Democracia pero, como se vio en la última contienda presidencial, todo intento fue vano.
Ahora se dice que el dispendio debe señalarlo la Contraloría y que el gasto en publicidad anticipada no está bajo la mirada vigilante del Consejo Electoral. Hasta que se convoque a elecciones y se lance la campaña, el 7 de enero, el uso y abuso de estos espacios con dinero público habrá surtido efecto. En esta práctica incurren a la cabeza los alcaldes de Quito, Guayaquil y ciudades importantes y las prefecturas de muchas provincias. Son algunas de las taras de una democracia imperfecta llena de reglas de juego desiguales.