Por estos días se cumplen dos años de aquellas protestas que estremecieron al país. El Decreto Ejecutivo 883, que eliminaba el subsidio a los combustibles, fue el detonante para que las movilizaciones se agudizaran y la situación interna se agravara.
Organizaciones indígenas, sociales, sindicales y hasta movimientos políticos fueron los protagonistas de las protestas contra el Régimen.
El país vivió momentos trágicos en octubre de 2019. Se produjeron actos vandálicos en varias ciudades, se suspendieron servicios públicos, se interrumpió el bombeo de petróleo, hubo saqueos a empresas, se destrozaron plantaciones de flores y brócoli, se bloquearon vías y carreteras, hubo ataques a periodistas y medios de comunicación; la vejación a miembros de la Policía y de Fuerzas Armadas también fueron parte de esos espeluznantes hechos.
El Ejecutivo derogó el Decreto, pero el país quedó fragmentado. Los hechos aún siguen en indagación y todavía no existen sanciones para los responsables de tanta violencia. La Comisión Especial para la Verdad y la Justicia, conformada para analizar el caso, habla de 249 víctimas de vulneraciones a derechos humanos.
Con el fin de estimar los daños y pérdidas ocasionados al país como resultado del paro nacional, ocurrido del 3 al 14 de octubre de 2019, el Banco Central del Ecuador conjuntamente con el Banco Mundial determinaron que el valor de las afectaciones derivadas de la movilización ascendió a USD 821,68 millones.
Dos años después, el tema de los combustibles se mantiene como uno de los principales puntos de controversia entre los mismos actores de aquellas protestas y el Gobierno.
Aunque desde el Ejecutivo se ultiman los mecanismos para implementar un sistema de focalización, principalmente orientado a los transportistas, la Conaie cree que hay poca apertura del Gobierno al no considerar el pedido de congelar el precio de las gasolinas.
La experiencia de octubre de 2019 debe ser motivo de profundos análisis y que esas lecciones le sirvan al país para reorientar su agenda.