Un día como hoy, los hechos se precipitaron de forma inesperada hasta el punto de poner en riesgo la estabilidad política del país y la propia vida del Jefe de Estado y de decenas de personas más.
Todo empezó por reclamos salariales en la Policía. El poco tino para su tratamiento en el ente legislativo y una insurrección en el cuartel policial fueron el prólogo del episodio.
El Presidente de la República en persona decidió acudir al cuartel levantado y su presencia encendió los ánimos a tal punto que, por la fuerza, el Jefe de Estado fue retenido y su vida corrió peligro.
En la Base Aérea de Quito también emergieron los reclamos de los uniformados y en las calles había incertidumbre. La ausencia de control policial provocó saqueos, especialmente en el Puerto Principal.
Las Fuerzas Armadas organizaron el rescate que, en horas de la noche, y tras un intenso y extenso tiroteo, concluyó con la liberación del cautivo con muertos y heridos.
El episodio fue alimentado en los días posteriores por la teoría gubernamental de un intento de golpe de Estado que cada vez parece menos probable.
Hasta ahora no se detecta a los hechores materiales de los disparos, tampoco se ha determinado de dónde vinieron las balas. Varios juicios se han cerrado, un acusado como el Director del Hospital Policial ya ha sido liberado, mientras permanece detenido el ex Jefe de la Escolta Legislativa.
Aparte del esclarecimiento de los hechos, también está pendiente la reorganización de la Policía. El país demanda una institución moderna, cercana a la ciudadanía y que atienda las demandas crecientes en materia de inseguridad y orden público. Es la deuda que queda después del recuerdo doloroso del 30 de septiembre.