El lunes 28 de junio del 2021 se definirá la acción de protección solicitada por el alcalde de Quito, Jorge Yunda, en contra del informe de la Comisión de Mesa. Ese fue uno de los pasos que se cumplieron para que el Concejo Metropolitano apruebe su remoción.
La jueza María Belén Domínguez decidió suspender la audiencia pasadas las 17:30 de este viernes 25 de junio del 2021. Indicó que, como lo establece la Ley, era necesario un tiempo prudente para analizar y pronunciarse sobre la solicitud.
La diligencia se había instalado una hora y media antes, a las 16:00, luego de que fuera suspendida el martes 22 de junio. Esta vez, la jueza de la Unidad de Violencia contra la Mujer, escuchó un nuevo amicus curiae a favor de Yunda.
También hubo espacio para las réplicas de las defensas del Burgomaestre y de los cuatro concejales de la Comisión de Mesa (Santiago Guarderas, Mónica Sandoval, Analía Ledesma y Fernando Morales).
La jueza escuchó a Karola Samaniego, en representación de la Procuraduría General del Estado. La funcionaria planteó que el pedido hecho por la defensa de Yunda no tenía base ya que no se vulneraron los derechos al debido proceso, la seguridad jurídica y la proporcionalidad.
Por su parte, Diego Oviedo, abogado del Alcalde, centró sus dos intervenciones en lo que considera una vulneración al no haberse tratado de forma adecuada el pedido de recusación en contra del presidente de la Comisión de Mesa, Santiago Guarderas.
La acción de protección fue ingresada el sábado 19 de junio.
El objetivo de Yunda es echar abajo el informe que suscribió la Comisión de Mesa y con ello el resto del proceso. Ese documento fue un elemento central a la hora de la votación del Concejo Metropolitano para removerlo el 3 de junio pasado.
Actualmente, la remoción aprobada por el cuerpo edilicio está en análisis por parte del Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Esto después de que el 8 de junio pasado, Yunda presentara una consulta ante esa entidad.
El TCE tiene plazo hasta el próximo 2 de julio para pronunciarse sobre si la remoción cumplió o no con las formalidades previstas en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial (Cootad).
Para el edil Fernando Morales, integrante de la Comisión de Mesa, la decisión de la jueza de suspender nuevamente la audiencia no tendría mayor sustento. “Únicamente se ha generado incertidumbre en la ciudadanía lo cual se apega a los acontecimientos que impulsa el entorno del Alcalde para incidir en la decisión del TCE”, señaló.