El Gobierno ecuatoriano se tomará su tiempo. Después de haber recibido una lista de 67 recomendaciones para mejorar la situación de los Derechos Humanos en el Examen Periódico Universal de Ginebra, el Régimen situó en el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos la coordinación del cumplimiento. Pero el Ministerio prefiere esperar la llegada del documento traducido para evitar ‘tergiversaciones’, según explicación oficial.
Cualquier comentario que emita el Gobierno en la materia no modificará la redacción final del documento que preparó la troika, un grupo de países integrado por El Congo, Cuba y Suiza. Hay muchos temas preocupantes en el informe. La criminalización de la protesta social importa a sectores que sienten que eso ocurre en el país y eso se debería corregir y superar.
En el ámbito de la libertad de expresión llama la atención de la comunidad mundial que las observaciones formuladas no sean acogidas por el Gobierno.
Es inadmisible que se quiera pasar una Ley de Comunicación que contenga restricciones a la libre expresión. No está bien que en el país se hayan repetido juicios contra periodistas y condenas, aun cuando luego haya sobrevenido el perdón presidencial. Es más delicado que se siga considerando como delito la opinión, cuando hay compromisos internacionales asumidos para abolir esa posibilidad.
Activistas de derechos humanos consideran que la utilización de las cadenas sabatinas como un espacio de insultos y ataques a la prensa no debería continuar. Esos ejercicios públicos se los justifica bajo el pretexto de una rendición de cuentas cuando en realidad son un espacio para la descalificación de alto calibre y una muestra de intolerancia a la crítica. Esa práctica se debe suprimir.