El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, acogió dos controversiales propuestas de cambio a las reglas que actualmente rigen el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Estos cambios limitarían las facultades de la Comisión Interamericana (CIDH) para denunciar violaciones y brindar protección a favor de las víctimas.
En el informe presentado al Consejo Permanente de la OEA el 22 de mayo, Insulza se hace eco de las recomendaciones formuladas por el Grupo de Trabajo para el Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En opinión de muchos usuarios y beneficiarios del sistema (como las organizaciones no gubernamentales venezolanas que integran el Foro por la Vida), en vez de fortalecimiento puede haber un debilitamiento de los mecanismos de promoción de los DD.HH. en el hemisferio.
Sin embargo, Insulza dijo ayer que no se busca debilitar al Sistema Interamericano, sino darle “certezas jurídicas”.
Hay temor porque los cambios favorezcan a los Estados y perjudiquen a las víctimas. Las reformas han sido impulsadas por los Estados afectados por las resoluciones de la CIDH, entre ellos Venezuela, Colombia y Cuba, que recurrentemente aparecen en el capítulo IV de sus informes anuales como países donde no está plenamente garantizada la vigencia de los derechos humanos.
El Secretario de la OEA está de acuerdo con que se “revisen los criterios, metodologías y procedimientos” para la elaboración del referido capítulo. En su informe, Insulza avala la incorporación al reglamento de la CIDH de “los cinco criterios que ha desarrollado para que un Estado sea incluido” en la llamada lista negra, como lo sugirió el Comité Jurídico Interamericano.
Además, Insulza no objeta la modificación del Estatuto de la CIDH en cuanto a la posibilidad de conceder medidas cautelares para proteger a las víctimas de las violaciones de derechos humanos sin mayores formalidades.
El riesgo es que con las recomendaciones acogidas por Insulza se burocratice y dificulte el procedimiento que ha permitido afrontar amenazas, disminuir riesgos y salvar vidas.
El Secretario de la OEA ha criticado la facultad de la CIDH para dictar medidas cautelares, al señalar que estas no figuran en el Estatuto de la Comisión, aprobado por la Asamblea General de la OEA, sino en su reglamento interno. Insulza ha dicho que las medidas cautelares que la CIDH “son simples recomendaciones”.
En el informe presentado ante el Consejo Permanente, el Secretario de la OEA no se refiere a la recomendación de limitar las fuentes de financiamiento y el presupuesto de las relatorías temáticas de la CIDH, lo cual afectaría a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión que ha podido recaudar fondos que incrementan el alcance de su gestión. Este es un tema que Ecuador sugiere transparentar.
El debate sobre estos cambios al sistema interamericano de DD.HH. continuará en la Asamblea General de la OEA, que comenzará el domingo en Cochabamba (Bolivia). Hay la opción de que las decisiones se tomen en la reunión de cancilleres, a puerta cerrada. Si el informe de Insulza es aprobado por la mayoría, las reformas serían un mandato de la Asamblea General de obligatorio cumplimiento por todos, incluso los usuarios y beneficiarios que dudan de la conveniencia y utilidad de los cambios.