En el Perú 5 expresidentes fueron encausados penalmente y se ordenó su prisión, preventiva desde luego. Uno de ellos se suicidó. Sabía lo que le esperaba, creo yo. Y creo también que tal determinación significaba que los jueces que llevaban el caso se habían parado en firme y habían resistido toda suerte de presiones y amenazas. Debo estar en lo cierto: un expresidente no se suicida por la vergüenza de ser encausado, si se sabe inocente.
Hace pocos días, esa mujer admirable, Diana Salazar, Fiscal General, dispuso que la Policía Nacional allanara la casa del expresidente Abdalá Bucaram. Fueron incautadas 5 mil mascarillas y 2 mil pruebas de detección de ese virus maldito, el covid-19. Eran de la misma marca de las que fueron vendidas a entidades públicas a precios exorbitantes. La señora Fiscal ordenó la prisión preventiva de Bucaram. Poco después un juez dispuso la prisión domiciliaria. Por la edad es lo correcto, en tanto que el encausado no se esfume. Como todo entre nosotros es una farsa y más desde que la pandemia nos ha dejado atontados, ya se verá como los jueces ponen la ‘debida’ atención en un revolver que también fue incautado, sin licencia, al igual que miles de ecuatorianos que tienen una armita debajo del colchón.
La Fiscalía y la Policía Nacional han cumplido. Luego intervienen los jueces, el proceso judicial. Veamos qué pasa, en el supuesto que Bucaram no haya abandonado el país. Nó, no estoy sugiriendo que Bucaram mejor se suicide. Veamos qué pasa, no más. Es a lo que hemos llegado, al igual que en el caso del Prefecto del Guayas Carlos Luis Morales y del asambleísta Daniel Mendoza.
Delitos de lesa humanidad. Jueces corruptos, impunidad. Estamos llegando a tales extremos, como que no se comprende lo que nos acontece sin el concurso de la delincuencia organizada, de las mafias, al igual que en México y Haití. Que la pandemia haya sido la oportunidad para que la corrupción cobre vuelo ¡es el colmo! Requerimos el concurso, en un solo frente, de ciudadanos y ciudadanas como Diana Salazar y Germán Rodas, Coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. En la situación que estamos sobran las diferencias ideológicas. Que las actuales estructuras del Estado no permiten enfrentarnos a la corrupción con la agilidad y contundencia que se requieren, entonces ¡procedamos! Opinan los entendidos. Los que saben: un sistema nacional anticorrupción, con jueces y fiscales anticorrupción. Bicameralidad de la Asamblea Nacional; la Cámara del Senado obligada a fiscalizar sin influencias nefastas. La Contraloría obligada a proporcionar informes previos de los contratos. Eliminación de las Prefecturas provinciales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y así. ¿Será necesario cambios de los textos constitucionales? ¿Se requerirá de una Consulta Popular?