La sonoridad de la palabra corrupción no alcanza para abarcar uno de los peores males de la historia nacional.
La tragedia del coronavirus nos muestra en el país dos rostros grotescos: la crisis económica y el audaz atraco a los fondos públicos.
La pandemia forzó una declaratoria de emergencia que, lejos de acelerar los procesos para traer insumos médicos emergentes, fue un festín.
Mientras la gente se moría -se sigue muriendo-, decenas de tramposos hallaron la fórmula para comprar de todo a costos millonarios.
Los espacios para el abuso fueron los hospitales de la Seguridad Social, el Ministerio de Salud Pública, las prefecturas provinciales más grandes e incluso pequeños municipios. Ningún avivato, por insignificante que haya sido, perdió la oportunidad de repartirse el botín.
El Cabildo de Quito es un punto neurálgico: sospechas sobre la adquisición de pruebas de covid-19 y la adaptación del Centro de Convenciones; transferencias y compras en la Empresa de Agua Potable, junto a funcionarios cesados, prófugos e investigaciones y allanamientos, enturbian el panorama.
La detención domiciliaria del expresidente Abdalá Bucaram y del Prefecto – en funciones – del Guayas, muestran la crudeza del momento.
La detención e inicio de la formulación de cargos contra el asambleísta Daniel Mendoza por la construcción del Hospital de Pedernales, en la zona devastada por el terremoto, se suma al listado interminable. La gente se indigna y mira con escepticismo.
El regreso, con todas las precauciones, de los funcionarios de la Función Judicial es un momento clave para que los procesos caminen. Que jueces y fiscales sepan que el país entero mira con atención y la sociedad no aguantará ni un desliz. La justicia debe aplicarse con rigor y con el pleno derecho a la defensa.
La Fiscal General pide a todos los estamentos actuar en armonía, sin menoscabar la lucha contra la corrupción. El país apoya su vigor. No aguanta más esta peste. Las funciones del Estado deben ser muy claras en sus pronunciamientos y acciones.