Se acerca el momento en el que el presidente Lenín Moreno debe anunciar su plan económico. Tras nueve meses de un proceso político que culminó con la consulta popular y cuyos resultados se están aplicando, llega la hora de la verdad.
Cuando se trata de un programa para dar un vuelco a una década con una economía basada en una deuda y un gasto exorbitantes, ningún momento político será perfecto, más aún si se suma el ruido jurídico-político de los últimos días al más alto nivel institucional.
Y, desde luego, ningún plan económico será perfecto. Al involucrar al propio Estado, a los empresarios, a los trabajadores; a los contribuyentes y a quienes reciben subsidios, es preferible tener presentes los objetivos de largo plazo que una visión cortoplacista.
Los diagnósticos entre el sector público y el privado difieren, aunque hay coincidencia en que se debe mejorar el perfil de la deuda pública. También hay conciencia de que hay que mejorar la productividad y atraer inversión, y al mismo tiempo atender la deuda social.
El sector productivo mantiene sus propuestas, entre ellas revisar la tasa aduanera y eliminar el impuesto a la salida de divisas para atraer la inversión privada. El Gobierno piensa en los aranceles, los tributos y los subsidios.
El plan deberá enfocarse en corregir el actual modelo y ser coherente, para que no resulte una suma de medidas parche. Y tendrá, por supuesto, un costo político, pero es un precio que cabe pagar si se logran resultados reales.