Ayer, el Cabildo de Quito no logró hacer el segundo debate para aprobar la nueva política tarifaria para el transporte público, y los transportistas anunciaron un paro que el alcalde Mauricio Rodas denunció como inconstitucional.
Mientras se recupera la sensatez indispensable frente a asuntos de interés público como éste, los ciudadanos mantienen la esperanza de que el servicio mejore si hay un alza de los pasajes.
Sin embargo, cuando se hace la relación precio-calidad, se tiende a pensar que la responsabilidad exclusiva es de los transportistas y se deja por fuera el control, en este caso, del Municipio.
La calidad del servicio no debiera ser medida en función de si el usuario paga más o menos. Es inherente a su prestación y debe ser regulada con estándares exigentes por parte del Municipio.
Los choferes han prestado el servicio en Quito con subsidios estatales hasta 2014. Y desde el 22 de enero del 2105, el Municipio continuó con los subsidios por al menos USD 60 millones: ofrecía compensación a cambio de buen servicio de las 2 202 unidades.
Las compensaciones se cobraron. El Municipio mostró parámetros cumplidos. Aunque, a los ojos de los usuarios, las cosas no cambiaron mucho.
Una vez que ya no rige el esquema de compensaciones y persiste el desacuerdo, el Municipio aún tiene la oportunidad de implementar una metodología que permita, a la vez, un precio justo y un servicio de calidad que responda a estrictos controles.