Mañana, a las 15:00, el Pleno de la Asamblea Nacional analizará en segundo y definitivo debate el informe del proyecto de Ley de Control de Poder de Mercado.
El documento final que será debatido por todos lo asambleístas y que ha sido trabajado con el carácter de económico urgente por la Comisión de lo Económico, fue aprobado el pasado miércoles por seis de 11 legisladores.
Según el legislador Francisco Velasco, titular de dicha Comisión, el texto recibió más de 70 modificaciones.
Sin embargo, las reformas sustanciales al texto original enviado por el Ejecutivo hace casi ya un mes se centraron en permitir la acción de protección para los actos administrativos (aunque con las excepciones de la Ley de Garantías Constitucionales) y el no sancionar a las autoridades judiciales por conceder o aceptar recursos que falseen, restrinjan, etc., la competencia.
Además, se incluyó en el texto la participación de autoridades de cuatro ministerios coordinadores como parte de los miembros de la Junta de Regulación.
Este último punto dejó un sabor agridulce en legisladores de la oposición, entre los que está Rafael Dávila (Alianza Libertad), quien anteriormente presentó un proyecto de Ley de Competencia, que reposa en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea.
“Se incluye en la Junta a cuatro ministros de Estado, o sea, cuatro subordinados del Presidente de la República. No es un cambio de fondo, no se permitió que exista una Junta plural”.
Las críticas al texto también se centraron en que no se haya hecho una aclaración a sus elementos conceptuales. Poder de Mercado, posición de dominio, mercado relevante son algunos de los conceptos que, durante el primer debate, fueron calificados como poco claros.
Por ello es que Ramiro Terán (Movimiento Popular Democrático) pidió que se incluya un glosario. La condición que puso el oficialismo para incluir esto fue que se repitan exactamente los mismos conceptos dentro del articulado, es decir, que no se explique de ninguna forma el significado de las palabras dentro del proyecto.
Pese a situaciones como estas, los legisladores del bloque gobiernista aseguran que efectivamente se han realizado modificaciones en base a las propuestas de varios actores.
“Hemos acogido a innumerables representantes de sectores sociales y gremios productivos, quienes han mostrado sus posturas respecto al texto, la gran parte de ellas se ha acogido”, señaló la asambleísta Viviana Bonilla (Alianza País).
Los oficialistas son optimistas con respecto a la aprobación del proyecto. Ello debido a que las críticas, más que el texto, se realizaron a puntos específicos.
Antes de la presentación del documento en el Pleno es posible que se hagan algunos cambios, ya anunciados, como la no inclusión de la revisión de agendas personales dentro de los procesos de investigación.
Aunque otras reformas planteadas durante el primer debate no han sido tomadas en cuenta como la explicación del alcance de la norma de ‘mínimis’ (catalogada como discrecional).
El tema de los montos de las multas sufrió modificaciones de forma. Se quitaron los montos en dólares y se establecieron cálculos en base a los salarios básicos, sin embargo, los valores a cancelar son considerados altos.
Los antecedentes
En 1999, el diputado Rafael Dávila presentó un proyecto de Ley de Competencias al Congreso. Lo mismo hicieron otros de la sociedad civil, entre ellos la Tribuna del Consumidor.
En el 2002, el Congreso aprueba la Ley de Competencias. Pero más tarde, el Presidente encargado en ese entonces, Pedro Pinto, la veta.
En el 2009, Rafael Dávila entrega otro proyecto a la Asamblea. Se cambia el nombre a Ley Antimonopolios. El Ejecutivo prepara su propio proyecto.
Este año, el Ejecutivo remite a la Asamblea el proyecto de Ley Antimonopolio, con carácter de económico urgente.