La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor del legislador ecuatoriano Cléver Jiménez, su asesor y un médico, condenados por la administración de justicia en una causa que, a título personal, inició Rafael Correa.
La condena a 18 meses de cárcel y al pago de USD 140 000 al Presidente, rozan aspectos que van más allá de la sustancia misma que fue juzgada y tienen que ver con la política.
Rafael Correa y Cléver Jiménez son actores políticos en tanto el primero es Presidente y el segundo, asambleísta. Tienen posiciones antagónicas, puesto que el primero es líder del movimiento de Gobierno y el segundo, militante de la fuerza opositora de izquierda, Pachakutik. El Régimen ha mantenido una postura crítica frente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, especialmente frente al papel de la CIDH y su financiamiento.
Los gobiernos suelen desdeñar el papel de este organismo que en su momento ha condenado dictaduras o ha dictado medidas como las recientes a favor del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, o de Jiménez. En ambos casos, los presidentes Juan Manuel Santos y Rafael Correa desoyen la petición de medidas cautelares.
El caso de Jiménez genera otro debate más en el ya tenso escenario nacional, y hasta protagonistas del entorno presidencial hablan de remisión y perdón. En la Asamblea, Lourdes Tibán busca una amnistía. El episodio genera incomodidad en el entorno del poder.