Más allá de los resultados electorales en los comicios de los gobiernos seccionales, con una parte de candidatos señalados por su vinculación a la narco polÃtica; la elección de consejeros del CPCCS, institución que nunca debió existir y que debiera desaparecer; y la implementación de las respuestas en la consulta popular, el futuro se torna incierto.
Incertidumbre con las nuevas autoridades y las amenazas permanentes de los dirigentes radicales del sector indÃgena, que se acostumbraron a irrumpir con una agenda polÃtica extremista, que ni siquiera exige las auténticas reivindicaciones de su gente en el sector rural. Incluso, desafÃan al Estado (que tiene el monopolio del uso de la fuerza) con la existencia de sus guardias armadas, que no contemplan la ley y que pretenden intervenir por sobre el ordenamiento jurÃdico.
La mayorÃa de la Asamblea mantiene su agenda de buscar el caos y la desestabilización del gobierno ( que sin duda ha cometido varios errores), de espaldas a las demandas ciudadanas, que solo se preocupa de sus apetitos y ambiciones de sus agrupaciones, personales y familiares. Hacen el juego a la impunidad y buscan la revisión de sentencias condenatorias por actos de corrupción y de delincuencia organizada. Se suma la acción del narcotráfico que completa el panorama de violencia que se vive.
Un paÃs polarizado, con una galopante corrupción y una débil institucionalidad que ni siquiera puede completar la designación de las autoridades de control por la mala actuación del CPCCS, que ha incumplido los mandatos constitucionales porque no ha fomentado la transparencia ni la participación ciudadana ni ha luchado contra la corrupción, en medio de un paÃs que casi está podrido.
Una administración de justicia, salvo excepciones, con determinados jueces que contribuyen a la impunidad y le hacen el juego a la delincuencia y el crimen organizado, a la narco polÃtica, con fallos que generan inseguridad jurÃdica y desconfianza. Pobre paÃs, con incertidumbre y sin institucionalidad.