El presidente Guillermo Lasso decretó estado de excepción en las provincias de Guayas y Esmeraldas desde el 1 de noviembre de 2022. La medida restrictiva fue emitida luego de ataques de distinto tipo a policías, vehículos e infraestructuras en los cantones de esas localidades costeras del Ecuador.
El Primer Mandatario, además, ordenó la aplicación de un toque de queda desde las 21:00 hasta las 05:00 desde el 1 de noviembre de 2022. El estado de excepción durará 45 días.
La posibilidad de decretar un estado de excepción consta en el artículo 164 de la Constitución de Ecuador. La disposición puede ser declarado por el Jefe de Estado en todo el territorio nacional o en parte de él en caso de agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural. La medida no interrumpe las actividades de las funciones del Estado.
El estado de excepción es una herramienta constitucional que altera al sistema legal ordinario, dota de ciertas facultades extraordinarias al Presidente para superar circunstancias o hechos igualmente extraordinarios, explica el constitucionalista Emilio Suárez.
¿Qué derechos suspende el estado de excepción?
El artículo 165 de la Constitución establece que, con el estado de excepción solo se podrá suspender o limitar el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de domicilio y correspondencia, libertad de tránsito, de asociación, de reunión y de información.
En el Decreto 588, el Gobierno dispuso que durante el estado de excepción se suspenden el ejercicio de tres derechos: la libertad de asociación y reunión, la inviolabilidad de domicilio y la inviolabilidad de la correspondencia.
La suspensión del derecho a la libertad de asociación y reunión de las personas consiste en limitar la propagación de acciones violentas. Por lo tanto, los miembros de la fuerza del orden tienen la facultad de impedir y desarticular reuniones en espacios públicos que atenten contra el orden y la seguridad.
Al limitar el derecho a la inviolabilidad de domicilio, la fuerza pública podrá realizar inspecciones y requisas en viviendas e inmuebles. El objetivo es hallar espacios de almacenamiento de drogas, armas y explosivos. Además, desarticular estructuras de delincuencia organizada.
En tanto que la suspensión de la inviolabilidad de la correspondencia enviada o recibida “estará limitada a la identificación, análisis y recopilación de mensajes que tengan por objeto el cometimiento u ocultamiento de algún ilícito relacionado con grupos de delincuencia organizada que operan en la ciudad”.
Casos en los que se puede revocar un decreto de estado de excepción
En el Ecuador existen leyes que contemplan la revocatoria del estado de excepción en dos casos específicos. En ambas situaciones, deben contar con resoluciones de la Asamblea Nacional o de la Corte Constitucional.
El artículo 46 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que el Pleno de la Asamblea Nacional tiene la facultad para revocar el decreto del estado de excepción o negar el pedido. Debe resolverse en un solo debate y con mayoría absoluta. Es decir 70 voluntades.
El artículo 166 de la Carta Magna también señala que la Asamblea puede revocar el decreto si las circunstancias lo justifican y sin perjuicio del pronunciamiento la Corte Constitucional. Aunque no se especifica en qué casos amerita, señala el constitucionalista Emilio Suárez..
El especialista indica que solo basta que uno de los dos órganos (Asamblea o Corte) decida revocar o declarar inconstitucional el estado de excepción para que éste pierda sus efectos y vigencia.
Reunión del Consejo de Seguridad
El jueves 3 de noviembre el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) se reunirá en Guayaquil para evaluar y analizar las medidas dispuestas por el Gobierno ante los hechos de violencia en la ciudad portuaria, Esmeraldas y Santo Domingo.
Después de una reunión en el Puesto de Mando Unificado, el Presidente y el ministro del Interior, Juan Zapata, informaron que desde la madrugada hasta la noche del martes 1 de noviembre se registraron 18 atentados que fueron planificados deliberadamente con el objetivo de causar terror entre la población.
Hasta este 2 de noviembre se indicó que 28 personas quedaron detenidas por esos hechos de violencia. La Fiscalía los procesó por supuesto terrorismo.
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