Hace poco más de 10 años me animé a escribir mi primera columna para EL COMERCIO, motivado por una persona que me recomendó dejar de criticar en solitario la realidad que nos rodea y, más bien, hacer "algo" al respecto. Así inicié una actividad editorial que me ha permitido expresar públicamente mi opinión y contribuir de esa manera al debate de los asuntos políticos y económicos que afectan a Ecuador y Latinoamérica.
E l debate sobre la recientemente promulgada Ley Orgánica de Comunicación se ha centrado en las implicaciones políticas de ampliar la influencia estatal sobre los medios de comunicación y sus contenidos. Sin embargo, vale comentar tres aspectos de la ley, que tienen implicaciones para la economía y los negocios.
Muchas veces políticos y burócratas buscan maximizar los ingresos fiscales, sin tomar en cuenta los costos que sus acciones terminan imponiendo al resto de la sociedad. He aquí un par de casos que hoy se pueden mirar con alguna perspectiva.
No deja de llamar mi atención el que tantos ecuatorianos -algunos muy informados- se sorprendan a diario, por el acelerado proceso de acumulación de poder en manos del Gobierno, llevado a cabo por la “revolución ciudadana”. Era apenas la consecuencia previsible e inevitable de aplicar las ideas económicas de sus principales líderes políticos que, desde un inicio, se identificaron como “socialistas”.
La proyección local de la excelente producción televisiva ‘Pablo Escobar: el patrón del mal’, a muchos ha recordado las fechorías del que fuera el más famoso capo colombiano de las drogas y el poder incontrastable que él y sus secuaces alcanzaron. Sin embargo de ello, a los narcotraficantes nunca dejó de preocuparles la posibilidad de terminar en una cárcel en EE.UU., a tal punto que los autodenominados ‘extraditables’, desencadenaron una guerra cruel para obligar al Gobierno colombiano a frenar las extradiciones.