Muchas veces políticos y burócratas buscan maximizar los ingresos fiscales, sin tomar en cuenta los costos que sus acciones terminan imponiendo al resto de la sociedad. He aquí un par de casos que hoy se pueden mirar con alguna perspectiva.
Cuando la actual administración procedió a ‘renegociar’ los términos de los contratos que mantenía con compañías petroleras internacionales -‘renegociar’ va en comillas, pues más bien se trató de una imposición de nuevas condiciones bajo amenaza de expropiación-, justificó la medida ante la necesidad de que el Estado obtenga una mayor tajada de la renta petrolera.
El proceso tuvo el apoyo de amplios sectores políticos que ignoraron completamente los costos que traería la incertidumbre regulatoria que acompañó a la medida. Estos han resultado muy onerosos, puesto que las inversiones petroleras privadas se detuvieron casi por completo durante años. Es en buena medida debido a ello que Ecuador hoy cuenta con prácticamente la misma producción y reservas petroleras que seis años atrás, mientras que países como Colombia han logrado multiplicar su producción y reservas durante el mismo período.
En estos días el Presidente de la República ha advertido que ‘el país colapsaría sin nuevas reservas de crudo’, sin aparentemente asumir responsabilidad alguna por el tiempo perdido y el costo de oportunidad derivados de las políticas petroleras que su administración promovió con tanto entusiasmo. Con algún retraso el país quizá comprenda que conviene más contar con una porción de “algo”, que con la totalidad de “nada”.
Algo similar ha ocurrid o en el caso del nuevo aeropuerto de Quito. Cuando luego de décadas de retraso, finalmente el proyecto se puso en marcha, las autoridades municipales demandaron una renegociación de los términos del contrato de concesión. Dicha renegociación no sólo retrasó aún más el proyecto, sino que desvió la atención municipal de otros proyectos indispensables para el correcto funcionamiento de la más importante y costosa obra de infraestructura desarrollada en la ciudad. Parecería incluso que algunos de los contratistas ‘compensaron’ el costo adicional derivado de la renegociación y los subsecuentes retrasos, degradando algunas de las características y prestaciones del nuevo aeropuerto .
Bajo esta perspectiva, las decenas de millones de dólares que la autoridad municipal presume obtuvo en la renegociación de los términos de concesión, bien pueden palidecer frente a los costos que el extendido proceso de construcción y la puesta en marcha del nuevo aeropuerto han generado a los usuarios y a la ciudad .
Se trata de dos experiencias que valdría tener en cuenta, la próxima vez que escuchemos a alguna autoridad justificar una decisión de política pública, exclusivamente en los mayores ingresos que esta le puede generar al Fisco.