Extradición y dolarización

La proyección local de la excelente producción televisiva ‘Pablo Escobar: el patrón del mal’, a muchos ha recordado las fechorías del que fuera el más famoso capo colombiano de las drogas y el poder incontrastable que él y sus secuaces alcanzaron. Sin embargo de ello, a los narcotraficantes nunca dejó de preocuparles la posibilidad de terminar en una cárcel en EE.UU., a tal punto que los autodenominados ‘extraditables’, desencadenaron una guerra cruel para obligar al Gobierno colombiano a frenar las extradiciones.

Y no les faltaban razones. Basta recordar que el mismo Pablo Escobar se entregó a las autoridades y entró a una prisión colombiana en 1991, para salir de ella caminando muy campante un año después, cuando se hizo público que la cárcel diseñada para alojarlo contaba con innumerables lujos y, desde ahí, continuaba dirigiendo exitosamente las operaciones del Cartel de Medellín. Con seguridad nada de ello habría sido posible en una cárcel norteamericana.

En el fondo, la política de extradición en Colombia fue un reconocimiento tácito de la absoluta incapacidad del estado colombiano y su sistema de justicia para enfrentar a los carteles de la droga y castigar efectivamente sus crímenes.

Algo similar ocurrió en el caso de la dolarización ecuatoriana. Se trató de un reconocimiento tácito de la absoluta incapacidad del Estado y sus instituciones para administrar adecuadamente una moneda nacional. Al igual que Escobar y sus secuaces manipularon el sistema de justicia Colombiano en su favor, generaciones de políticos, burócratas y grupos de interés ecuatorianos manipularon el sistema monetario local en favor suyo. En Colombia dicha situación promovió crimen y violencia, en Ecuador devaluación e inflación.

Los críticos, tanto de extraditar como de dolarizar, coinciden en usar el argumento de la pérdida de “soberanía” para descalificar ambas políticas. Pero durante los últimos doce años, los ciudadanos de este país han comprobado que la adopción de una moneda extranjera y la ‘extradición’ de la política monetaria, fue la mejor manera de ratificar su “soberanía” frente a una institucionalidad monetaria disfuncional que, durante años, destruyó el valor de los activos y ahorros denominados en moneda local.

Coincide que muchos de los que sueñan con dar fin a extradiciones y dolarizaciones, son criminales en el primer caso y ciertos políticos en el segundo. Uno de estos últimos ha criticado recientemente la dolarización ecuatoriana diciendo que fue adoptada porque “las élites nacionales llegaron a la conclusión de que los ecuatorianos somos genéticamente inferiores al resto de países y no podemos tener moneda”. En realidad concluyeron que muchas instituciones gubernamentales locales no son de fiar, por lo que bien valdría continuar “extraditando” algunas de las competencias que están hoy en sus manos.

Suplementos digitales