Enfoque internacional

Empresas de la región y DD.HH.

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'Les diría a las instituciones y empresas que tengan conciencia del gran daño que hacen al suelo, a la flora, al ambiente, que respeten la decisión de la gente. Están llevando a cabo un atentado contra la salud y la vida”, clamó el indígena mexicano Taurino Rincón.

Este nahua integra el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan, una localidad del occidente del país, que lucha contra la empresa mexicana Gabfer SA de CV, y su proyecto de explotar una mina a cielo abierto en sus tierras comunales.Rincón asegura que la explotación minera contaminaría al manantial que provee de agua a los 4 000 habitantes de la comunidad situada a 660 kilómetros de Ciudad de México, en el Municipio de Comala, en el estado de Colima.

Gabfer tiene una concesión para explotar a tajo abierto oro, cobre, plata y manganeso en un área de 100 hectáreas y sus representantes afirman que el proyecto no dañará las fuentes de agua, aunque todavía no presentó el estudio de impacto ambiental.

Este caso ilustra los diversos conflictos entre empresas y las comunidades donde operan y que se repiten en muchos sectores en América Latina, donde ha habido escasa acogida de los Principios Rectores sobre los Derechos Humanos y las Empresas, establecidos en 2011 por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Los tres ejes de los 40 principios incorporan el deber de los Estados de proteger los derechos humanos, la obligación de las empresas de respetarlos y las vías de reparación para las víctimas de las violaciones.

Entre ellos se destaca que “los Estados deben proteger contra las violaciones de los derechos humanos cometidas en su territorio y/o su jurisdicción por terceros, incluidas las empresas”.

Además, se exhorta a “enunciar claramente que se espera de todas las empresas domiciliadas en su territorio y/o jurisdicción el respeto a esos derechos en todas sus actividades”.

Los principios son voluntarios, no vinculantes ni ejecutables fuera del territorio donde se produce el daño, pero representan un primer instrumento para la defensa de los derechos humanos en las actividades económicas del sector privado y público.

El rezago en la aplicación en América Latina se produce mientras que el Atlas Global de Justicia Ambiental, coordinado por el Instituto de Ciencia y Tecnología de la española Universidad Autónoma de Barcelona, ha identificado 99 disputas ambientales en Colombia, 64 en Brasil, 49 en Ecuador, 36 en Argentina, 35 en Chile, 33 en Perú y 32 en México.

Se trata de conflictos relacionados con la extracción minera y de combustibles fósiles, la gestión de residuos y del agua, el acceso a la tierra y desarrollo de infraestructura.

“No ha habido líneas claras para los gobiernos y para que los principios se vuelvan una realidad nacional”, señaló Benjamín Cokelet, director ejecutivo del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación, con base en México.